El Consejo de Ministros ha dado vía libre a la denominada ley Sinde aprobando el famoso Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual; es decir, ha retomado el reglamento que el anterior Gobierno dejó sobre la mesa por falta de acuerdo. Aunque no se ha aclarado si es el mismo documento, las explicaciones de la referencia del Consejo así lo indican.

"Con la aprobación el pasado mes de marzo de la Ley de Economía Sostenible [la Comisión] ha experimentado una profunda modificación al ampliar considerablemente sus funciones, que comprenden tanto la mediación y arbitraje (que ya venia ejerciendo), como actuaciones dirigidas a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual", explica la referencia.

El real decreto aprobado este viernes establece que la comisión se organizará en dos secciones -como establece la ley Sinde-: la primera, que se ocupará de la mediación y el arbitraje y ve reforzada su relevancia en el sistema vigente "como instrumento idóneo para la resolución extrajudicial de controversias"; y la segunda, que ejercerá la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y actuará mediante denuncias de parte.

El procedimiento, por tanto, será mixto y requerirá "la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para garantizar la integridad de los derechos fundamentales afectados", explica el texto, que pasa a explicar el funcionamiento de las dos secciones en los términos ya conocidos. Los plazos indicados en la referencia sobre la doble actuación judicial, son los mismos que contemplaba el último borrador del reglamento de la ley Sinde.

Contra los usuarios "no"

El Gobierno deja claro en la referencia que el procedimiento de la Sección Segunda de la comisión "no se dirige contra los usuarios, sino contra los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que vulneren los derechos de propiedad intelectual" y que, en todo caso, "se requiere que dicho responsable, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos".

La finalidad de este procedimiento, explica el Consejo de Ministros, es "remover los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como el restablecimiento de la legalidad, cuando ésta haya sido vulnerada. Para ello podrá acordarse la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos que vulneren los derechos". Nada explica la referencia, no obstante, sobre otros aspectos polémicos del último borrador del real decreto.

Por ejemplo, uno de los puntos que cambió el último reglamento tenía que ver con la retirada voluntaria de contenidos y el archivo del proceso. En un principio estaba previsto que si la página volvía a poner enlaces a los mismos contenidos o a contenidos del mismo propietario, el proceso se reiniciaba; pero el borrador que no aprobó el Gobierno socialista indicaba que el trámite se reabriría "en fase de prueba y conclusiones".

Contra el "lucro indebido"

La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este viernes que el Ejecutivo ha aprobado el real decreto para proteger los derechos de los creadores frente al "expolio" de las páginas de Internet de descarga de contenidos. Sáenz ha anunciado que la comisión "solo" actuará, "y siempre con la correspondiente protección judicial", contra aquellos que se lucren "indebidamente" con las descargas de contenidos sujetos a derechos.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, con esta media "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería". "Cumplimos nuestros compromisos electorales e internacionales", ha sentenciado. El pasado 2 de diciembre, dijo que el PP estaba de acuerdo con la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que integrarán miembros de diversos ministerios, pero que ello no significaba que compartieran el resto de la normativa.

Por su parte, el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aseguró tras su toma de posesión que intentaría "enfriar" la "patata caliente" del reglamento de la ley Sinde. No obstante, dejó claro que "ninguno de los objetivos que nos hemos planteado es compatible con la existencia de agujeros legales que permitan la desprotección de la propiedad intelectual y el expolio de los creadores".

Sinde: "Es una medida equilibrada"

La exministra de Cultura Ángeles González-Sinde ha afirmado tras conocer la aprobación del real decreto que la ley es una "buena solución que lo que busca es perseguir a las páginas, que son muchas, que se lucran, y no perseguir al usuario". Así , ha destacado que se trata de un mecanismo "que va a permitir desarrollar una oferta legal a precios asequibles, a precios competitivos, y el desarrollo de la cultura en la red".

La ley, ha explicado, "abre un camino para una convivencia en la red de todos". En opinión de la exresponsable de Cultura, "había y hay unos intereses muy fuertes de aquellos que se vienen lucrando durante todos estos años en esta economía ilegal con el trabajo y con los derechos de los demás, que con todo tipo de argucias y todo tipo de campañas han impedido que esta ley o cualquier medida se desarrollara".

Un modelo que es el necesario para el futuro, ha resaltado González-Sinde, que ha recordado que es una norma que ha contado con el consenso de las cámaras, tanto del PP como del PSOE y CiU, que es una "medida equilibrada" y que ha pasado "por absolutamente todos los filtros y contiene todas las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía y del Consejo de Estado".

Además, establece unas normas para que todas las distribuidoras que no estaban presentes en España y que prestan unos servicios que ya están muy desarrollados en otros países, "puedan por fin establecerse en nuestro país". "Creo que va a ser muy positivo", ha agregado.

Supresión del canon digital

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que suprime el canon digital y lo cambia por un sistema de compensación por copia privada, un compromiso que el Partido Popular llevaba en su programa electoral, según ha explicado Sáenz. Su partido logró además que las Cortes aprobaran la pasada legislatura una moción que solicitaba la supresión de este gravamen.

El canon digital había sufrido el pasado mes de marzo un serio revés cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional declaró nula la orden ministerial de junio de 2008 que regulaba este gravamen. Durante los últimos años, el canon ha enfrentado a las entidades de gestión con el sector de la industria de las nuevas tecnologías y las asociaciones de internautas, que consideraban injusto e indiscriminado este gravamen.

Estos colectivos se agruparon en la plataforma Todoscontraelcanon y reclamaron que las administraciones públicas, empresas y particulares que usan soportes digitales con contenidos no sujetos a derechos de autor -es decir tener un CD con datos privados o fotos- deben estar exentos del pago del canon, ya que consideraban que en beneficio de unos pocos, se penalizaba a todos.

Regulado por un real decreto

El canon debe ser pagado por el fabricante, según establecía la ley. En un principio se pagaba el canon en los soportes analógicos -por ejemplo en las antiguas cintas de casete y de VHS- y también en algunos soportes digitales, como el CD y el DVD. A partir de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor en julio de 2006, se extendió el canon a todos los soportes digitales.

El listado de estos soportes y la tarifa de cada caso, según la ley, debía regularse cada dos años en una orden ministerial conjunta de los Ministerios de Industria y de Cultura, que debían hacer su propuesta si las partes no llegaban a un acuerdo. A partir de ahora, en lugar del canon digital existirá un sistema de compensación de copia privada que el Gobierno fijará próximamente en un real decreto.