El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no aprecia inconstitucionalidad en la ley de matrimonio homosexual, según ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser.

El ministro ha asegurado que el Gobierno esperará al pronunciamiento del Constitucional sobre la ley de matrimonio homosexual para actuar en consecuencia y que la ley seguirá vigente hasta entonces. "El criterio de mi partido es que estaremos a lo que diga el Constitucional", ha explicado el ministro de Justicia. "El mío es que no existe causa de inconstitucionalidad, pero le corresponde pronunciarse al Constitucional".

La postura del Gobierno frente al matrimonio homosexual es distinta a la que mantiene ante la actual ley del aborto, que también recurrió ante el Constitucional pero que reformará sin esperar a que éste se pronuncie para acabar con el sistema de plazos y volver a uno de supuestos.

Según Gallardón, ello obedece al hecho de que, a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio homosexual, el Tribunal Constitucional sí se ha pronunciado, hasta en tres ocasiones, sobre el aborto, estableciendo como doctrina que, más allá de los supuestos en los que la interrupción del embarazo estuviera despenalizada, el no nacido no puede estar sometido "a una total desprotección".

"El Constitucional dice que no puede haber supuestos de desprotección y una ley estricta de plazos supone una desprotección absoluta durante ese periodo de tiempo", ha asegurado el titular de Justicia, que ha añadido que lo que hará el Gobierno es "constitucionalizar la legislación" sobre el aborto.

"No hay pena de prisión prevista"

Gallardón ha recordado que durante los 25 años de vigencia de la ley del aborto aprobada en 1985 "ni una sola mujer fue a la cárcel" y ha aclarado que "no hay pena de prisión prevista en los proyectos que tiene el Gobierno".

"La ley no cargará la penalidad sobre la mujer porque siempre es la primera víctima del aborto", ha añadido el ministro, que ha señalado que el derecho a la interrupción del embarazo "estará reconocido" en la norma que se elabore, pero que ésta también contemplará "acciones de ayuda" al derecho a la maternidad.

Aunque no se ha comprometido a dar una fecha para la presentación del anteproyecto de ley -"lo haremos después de los estudios pertinentes, es un tema muy serio", ha dicho-, Gallardón sí ha avanzado que "no será sustancialmente diferente de lo que hizo el PSOE en 1985", pero "corrigiendo los defectos que tuvo".

El ministro ha defendido esta reforma como una "vuelta al consenso", recordando que la ley de 1985 estuvo vigente con Gobiernos de Felipe González y de José María Aznar y durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha acusado a éste de modificarla "sin haberlo incluido en su programa electoral, por sorpresa y sin consenso".