El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha admitido este viernes que este año se alcanzará "probablemente" un déficit de tarifa de "entre 2.500 y 3.000 millones de euros", frente a la previsión de lograr el equilibrio defendida hasta ahora por el Gobierno.

En los ocho primeros meses del año el desfase superaba ya los 4.000 millones  Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soria ha explicado que, dada la tendencia actual, probablemente estaremos en torno a unos 2.500 o 3.000 millones de euros de déficit tarifario, que se genera porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes.

Hasta ahora, el Gobierno había defendido que en 2013 se alcanzaría el equilibrio entre costes e ingresos gracias a todas las medidas puestas en marcha desde el pasado año. Sin embargo, según los datos de la Comisión Nacional de Energía, en los ocho primeros meses del año el desfase superaba ya los 4.000 millones de euros.

El ministro ha advertido de que todavía no se han aplicado algunas de las medidas previstas, entre las que figura un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros, los ingresos por ventas de derechos de CO2 y diversos gravámenes a la generación de electricidad.

En cualquier caso, Soria ha insistido en que 2013 "será el último año" con déficit de tarifa, gracias a las medidas recogidas en la reforma eléctrica entrarán en vigor a comienzos de 2014. El objetivo es que en 2014 no haya déficit, ha apuntado "y si lo hubiera que entren en funcionamiento los mecanismos automáticos" de equilibrio previstos en la propia reforma.

Nueva ley del Sector Eléctrico

Para ajustar este desequilibrio entre ingresos y gastos en este ámbito, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes el proyecto de Ley del Sector Eléctrico. Soria, ha señalado que el texto, básicamente el mismo del anteproyecto aprobado el 12 de julio, se remitirá a las Cortes para su tramitación.

Soria ha aludido a dos de las recomendaciones planteadas por la Comisión Nacional de la Energía en su informe sobre la normativa, y ha dicho que no han sido atendidas. La CNE se mostró en contra de cobrar un recargo a los propietarios de instalaciones de autoconsumo por considerar que esto desincentivaría la eficiencia energética.

El Gobierno ha rechazado las dos recomendaciones del Consejo Nacional de la Energía en el proyecto Sin embargo, ha defendido que los usuarios con sistemas de autoconsumo que estén conectados a la red para abastecerse cuando carezcan de producción propia tienen que pagar el peaje, porque acceden a las instalaciones del sector eléctrico al igual que el resto de consumidores y que de lo contrario, "todos le estaríamos pagando" ese acceso.

El regulador también criticó que se estableciera un mecanismo de retribución diferenciado y más favorable para las renovables en los sistemas extrapeninsulares. El ministro ha explicado que aunque "es verdad" que para determinadas actividades se fija una retribución superior, "es así porque aun con esa retribución superior el coste general para el sistema eléctrico disminuye", y por eso no ha incluido la recomendación.

Soria ha insistido en que los precios de la electricidad en España son superiores a los del resto de la Unión Europea y que, pese a ello, no son suficientes para cubrir los costes, lo que da origen al déficit de tarifa. Por ello, la reforma energética aprobada tiene el triple objetivo de "garantizar la estabilidad financiera del sistema, reducir los costes" y frenar su impacto en los consumidores.

El proyecto de Ley se remite ahora a las Cortes, después de que el anteproyecto aprobado el 12 de julio recibiera el informe favorable del Consejo de Estado y obtuviese las correspondientes consideraciones por parte de la CNE y la Comisión Nacional de la Competencia. El proyecto forma parte del paquete normativo de la reforma energética, con el que se reordena el sector y se equilibran ingresos y gastos para detener la generación de déficit tarifario.

En un comunicado, UGT ha replicado que esta normativa "supondrá un aumento de precios en el recibo de la luz, menos inversión, menos calidad y seguridad del servicio y menos empleo", y ha criticado "la falta de transparencia que ha impedido un debate público sosegado".