La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha reunido este lunes con los responsables de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CC OO y UGT para analizar cómo aplicar en España las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de despidos a trabajadores temporales.

Tras la reunión, la ministra en funciones ha informado en rueda de prensa que una comisión de expertos del ámbito sindical y empresarial estudiará durante un mes el impacto económico de esas sentencias y, tras ese plazo, el Gobierno y los agentes sociales adoptarán una posición de futuro.

Báñez ha informado de que la próxima semana se reunirá una comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, para que dé más estabilidad en el empleo al colectivo de interinos.

La ministra ha explicado que la comisión de expertos deberá hacer una propuesta a Gobierno e interlocutores sociales para que, finalmente, se dé seguridad jurídica a las empresas y protección a los trabajadores y se eviten situaciones de "incertidumbre".

Parados de larga duración

La ministra también ha apostado por seguir dando soluciones a los parados de larga duración y ha dicho que el Gobierno y los agentes sociales seguirán trabajando en la "actualización" del Plan especial de Activación para el Empleo (PAE).

Báñez ha avanzado que aumentarán los requisitos de acceso al Plan, para que el próximo Gobierno los ponga en marcha.

En este sentido, ha precisado que ampliar los requisitos corresponde a un Gobierno en plenas funciones y ha subrayado que, en definitiva, se trata de que más parados de larga duración con responsabilidades familiares y sin ingresos tengan la oportunidad de participar en un programa, "que ha multiplicado por siete la inserción en el mercado de trabajo".

La ministra también se ha referido a la revisión quinquenal del Pacto de Toledo -ha recordado que la Comisión ya está constituida- y ha avanzado que ahí se va iniciar el "diálogo social en materia de pensiones".

Además, ha explicado que había informado a los agentes sociales de que la Comisión Europea iba ampliar los Fondos de Garantía Juvenil, en 1.000 millones para todos los países de la UE, de los que 300 millones irían para España.

La titular de Empleo ha considerado que, de esta forma, se están iniciado los trabajos para que de manera conjunta se pongan en marcha estrategias de empleo para jóvenes, en el ámbito de la Garantía Juvenil.

Casos de "abuso"

La titular de Empleo admitió esta semana la existencia de algunos casos de "abuso" en el ámbito de la Sanidad y la Educación en España por la excesiva temporalidad del empleo y aseguró que el Gobierno estudia cómo corregir la situación.  Asimismo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, admitía que algunas fluctuaciones en la afiliación en estos sectores "no están del todo justificadas".

Estas declaraciones responden a las sentencias del TJUE que consideraban la normativa española contraria al derecho de la UE al permitir la utilización de contratos de duración determinada sucesivos para atender a necesidades permanentes y dictaminaron que el uso de tales nombramientos sólo puede estar justificado para atender a necesidades temporales. En otro dictamen, la Corte de Luxemburgo amparaba el derecho de los contratos de interinidad (y en extensión, al resto de temporales) a recibir una indemnización por despido similar a la que reciben los contratos indefinidos.

A la reunión han asistido los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez.

"Fuego que está quemando"

Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha dicho que la sentencia europea es "un tema que ha saltado, que esta sobre la mesa" y que, en definitiva, es "un fuego que está quemando y no se puede esperar".

Rosell ha reconocido en rueda de prensa que existe una legislación que no es concreta y ha pedido "un poco de pausa" para evitar conflictos "que no interesan".

Ha valorado que los interlocutores sociales y el Gobierno estén de acuerdo en muchas de las salidas que se estudian y ha pedido tiempo "para concretar".

Sobre el impacto económico de la sentencia, Rosell ha avanzado que la patronal tiene una primera evaluación "con números", pero prefiere que sea la comisión de expertos la que evalúe y dé soluciones.

Apoyo a las demandas

UGT y CC OO seguirán dando por su parte soporte legal a todas las demandas que hay en los juzgados a raíz de la sentencia europea.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que la campaña continúa exactamente igual ya que "una modificación legislativa difícilmente puede hacer recuperar derechos perdidos".

Por su parte, Fernández Toxo ha recordado que dado que faltan solo apenas diez días para saber si va a haber Gobierno "todo lo que se ha dicho hoy deberá pasar, inevitablemente, por ese tamiz".

Ha insistido en que si hay que tomar alguna acción desde el Parlamento, como modificar el Estatuto de los Trabajadores, habrá que ver si continúa el mismo Gobierno y si los compromisos establecidos hoy tienen cabida en otro Ejecutivo.

Toxo ha añadido que antes de que se inicie "una cascada de demandas individuales" sería conveniente hacer un acuerdo para dar seguridad jurídica a las empresas y garantías a los trabajadores.

Ambos líderes sindicales han valorado la nueva disposición de la ministra, "el nuevo talante" con los interlocutores sociales, muy diferente, ha dicho, al de los últimos años.

"No caben interpretaciones interesadas"

Previo a la reuniçon, el sindicato UGT aclaró que las sentencias del TJUE "son de obligado cumplimiento y no caben interpretaciones interesadas", por lo que piden adecuar la redacción del Estatuto de los Trabajadores a lo que dicta el Tribunal Europeo para dar mayor claridad y seguridad aunque, según señala el sindicato, "no hace falta modificarlo para hacer efectivo el nuevo derecho".

UGT pidió por su parte al Gobierno una reforma de la legislación de los contratos temporales que defina "con más claridad y de forma más estricta" las causas permitidas de su uso para poder determinar claramente el fraude en este tipo de contratación y articular un esquema de sanciones que lo desaliente. En todo caso, desde el sinficato señalan que las posiciones de patronal y sindicatos están "algo alejadas" en cuanto a la indemnización a aplicar.

Fuentes de CC OO han explicado por su parte que el sindicato "tiene claro lo que se debe hacer" y ya ha pedido la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública para atajar la precariedad en el empleo público.