Empleo plantea que 1.900 millones de la Seguridad Social se financien vía los Presupuestos

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, den la Comisión del Pacto de Toledo.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, den la Comisión del Pacto de Toledo.
Paco Campos / EFE
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, den la Comisión del Pacto de Toledo.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha querido enviar este martes un mensaje de tranquilidad y confianza sobre el sistema público de pensiones. Durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, reunida en el Congreso, la ministra ha señalado, dirigiéndose a los pensionistas actuales y a los futuros, que "sus pensiones están garantizadas en el medio y largo plazo".

Báñez ha defendido que España tiene un sistema público de pensiones "fuerte, sostenible y preparado para el futuro, más que la mayor parte de países del entorno europeo". La ministra ha resaltado como prueba de ello el hecho de que desde 2013 la Comisión Europea no haya recomendado ninguna reforma al respecto. "España es el país mejor preparado de Europa hasta 2060 en gasto público en pensiones sobre el PIB", ha continuado, y ha situado el porcentaje para dentro de 44 años en el 11%.

La titular de Empleo, que ha comparecido para informar sobre la situación del sistema, las medidas a adoptar para garantizar su sostenibilidad y para modernizar la Seguridad Social, ha destacado como segundo motivo de su optimismo la corrección "con intensidad" de "la principal amenaza a la que ha estado sometido el sistema de pensiones": la destrucción de empleo. La ministra ha achacado al alto nivel de paro durante la crisis, situación que "se está revirtiendo", el actual déficit de la Seguridad Social.

Báñez ha afirmado que casi el 70% del deterioro del sistema público de pensiones entre 2008 y 2013 se debe "exclusivamente" a la reducción de ingresos vinculados a la "masiva" destrucción de empleo durante la crisis. La ministra ha señalado que si el déficit del sistema de pensiones no ha llegado antes ha sido porque partía de un superávit y ha recordado que actualmente el déficit se sitúa en el 1,6% del PIB.

La titular de Empleo ha incidido también en la "presión" que se ha ejercido sobre el gasto por un mayor número de pensiones y por el aumento de la cuantía de la pensión, pero ha reiterado que el déficit se achaca fundamentalmente a la pérdida de afiliación durante la crisis.

"El gran pacto social de la democracia"

Como tercer aspecto para la tranquilidad, Báñez ha mencionado la propia Comisión del Pacto de Toledo, "el pilar más importante del seguimiento y de visión de futuro del modelo de Seguridad Social". Un acuerdo firmado en 1995 que ha calificado como el "gran pacto social de la democracia".

La Comisión del Pacto de Toledo se reúne el día en el que se ha conocido el dato de gasto en pensiones contributivas de noviembre. Este ascendió a 8.599 millones, un 3,09% más que en el mismo mes del año pasado. De acuerdo a estos datos, la pensión media de jubilación se sitúa en 1.049,42 euros, un 2,07% más.

Tras recordar ese dato, Báñez ha comentado que hoy se pagan "más pensiones que nunca, a más pensionistas y más altas", con un crecimiento medio entre 2011 y 2016 del 6,61%.

La ministra también ha dicho que las pensiones son más "justas" porque se ha abierto la posibilidad, por primera vez, de compatibilizarlas con el trabajo, se ha abierto la cartera de servicios y los discapacitados pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social que les dé seguridad hacia el futuro.

Llamamiento al acuerdo

Recurriendo al espíritu de consenso que dio lugar al Pacto de Toledo, Báñez ha hecho un llamamiento al acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para la reforma del sistema y a avanzar en medidas como la separación de las fuentes de financiación, "que no significa cambiar la naturaleza jurídica de las pensiones".

También ha abogado por transformar las reducciones de cotizaciones en bonificaciones a la Seguridad Social para aliviar las cuentas del sistema y por continuar con la lucha contra el fraude irregular y la compatibilidad del 100% de la pensión con el trabajo porque "refuerza no sólo las oportunidades de las personas sino también la oportunidad de España para competir en el futuro".

La ministra ha indicado que también las políticas que impulsen el envejecimiento activo deben ir acompañadas de medios suficientes que las respalden. "Limitar la vida activa no tiene sentido, es ir contra el progreso social", ha aseverado.

"Liberar" a la Seguridad Social

Más preciso sobre las posibles medidas a adoptar ha sido el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, quien ha explicado que el ministerio ha planteado que las tarifas planas y otras reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que suman hoy 1.900 millones de euros, sean financiadas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al ser convertidas en bonificaciones.

Burgos ha señalado que de esa manera se "libera" a la Seguridad Social de una aminoración de ingresos y se pasan todas esas políticas de apoyo al empleo a las cuentas, que es lo que pide el Pacto de Toledo.

En declaraciones a los medios en el transcurso de la Comisión del Pacto, Burgos ha asegurado que ya se está en condiciones de asumir por parte del Estado "todo el compromiso de gasto que suponen las políticas de empleo" y ha confiado en que la medida cuente con el respaldo de la Comisión, y que se ponga en marcha en estos presupuestos.

El secretario de Estado ha añadido que, en estos momentos, las políticas de apoyo al empleo se hacen a través de bonificaciones, que son transferencias del Servicio Público de Empleo a la Seguridad Social o reducciones, entre las que encuentran las tarifas planas. En los años de crisis y dado que había que poner "toda la carne en el asador" se han ido incrementando las reducciones, aproximadamente a unos 1.900 millones de euros. Según Burgos, una vez que la recuperación está en marcha, ya es natural que se vaya sustituyendo el esfuerzo de Seguridad Social por el del Presupuesto General del Estado, que es el que tendría que financiar esas políticas.

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