El colapso en los juzgados de cláusulas suelo parece un hecho. No es la primera que se denuncia que hay "decenas de miles" de demandas pendientes de registrar, que pueden superar las 13.000 sólo en Madrid o las 8.000 en Castilla y León.

Esta vez es la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la que denuncia la situación de colapso que, en el caso de Madrid, está creando un tapón de demandas sin registrar en la Oficina de Registro y Reparto dependiente del Juzgado Decano. "Esta situación no sólo afecta a los ciudadanos damnificados por las clausulas suelo, sino que puede repercutir en el resto de demandas civiles sobre otras materias", advierte.

Esta situación puede repercutir en el resto de demandas civiles sobre otras materias"Por ello, ve necesario mejorar los medios de los juzgados especiales de cláusulas suelo, cuya situación aborda este lunes la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y "absolutamente necesario" el refuerzo de la oficina de registro y reparto civil y compensar el mayor esfuerzo que se les está exigiendo. El sindicato advirtió en septiembre de la necesidad de aumentar las plantillas teniendo en cuenta la carga de trabajo que deben soportan. "La mejora de medios en la Administración de Justicia siempre va muy por detrás de las necesidades reales", lamenta.

Hace sólo unos días, la presidenta del Consejo General de la Abogacía en España, Victoria Ortega, hacía un llamamiento al CGPJ para que aborte el denominado plan de urgencia puesto en marcha en junio para tramitar las demandas de cláusulas suelo en juzgados específicos o especializados, uno por provincia, tras la realidad del "colapso" que dicha iniciativa ha supuesto desde entonces.

Esta organización, por acuerdo unánime del pleno, acordó impugnar dicho plan al considerar que el mismo, en lugar de agilizar la tramitación de estas demandas, agravaría la situación. De este modo los abogados se suman a la petición de los jueces decanos de toda España, que en sus conclusiones de la conferencia anual celebrada en Bilbao, exigieron al CGPJ la supresión de esta fórmula a partir de finales de diciembre.