Francisco Franco Martínez Bordiu, nieto del dictador Francisco Franco, será juzgado en Teruel los días 22, 23 y 24 de enero de 2018 por atentado a la autoridad, daños y lesiones y contra la seguridad vial, por los que se le piden hasta cuatro años de cárcel.

Franco será juzgado junto a un empleado suyo, Silviu Nicolae, quien, según las diligencias instruidas por el Juzgado de Calamocha (Teruel), viajaba con él en el vehículo en la mañana del 30 de abril de 2012 cuando se produjeron los hechos, mientras que la defensa del nieto de Franco asegura que se encontraba en Madrid.

La acusación considera probado que Franco y el empleado se encontraron aquel día a dos agentes de la Guardia Civil que les hicieron señales para que se detuviera el vehículo, ya que circulaba por la carretera nacional 234 cerca de Calamocha (Teruel) con las luces apagadas.

El vehículo se dio a la fuga a gran velocidad sin respetar las señales de tráfico Según lo recopilado en la instrucción del caso, el vehículo, conducido por el propio Franco, se dio a la fuga a gran velocidad sin respetar las señales de tráfico y con el consecuente riesgo para la seguridad del tráfico y de los ocupantes del coche.

Se inició así una persecución por caminos y pistas forestales hasta que la Guardia Civil consiguió detenerlo en un camino entre Collados y Lagueruela.

El copiloto, Nicolae, exhibió un arma larga de fuego momento en que Francisco Franco hizo una maniobra de marcha atrás colisionando con el vehículo de la Guardia Civil y arrastrándolo varios metros, según el relato de instrucción.

Tras ello se dio nuevamente a la fuga por caminos forestales. El coche fue localizado más tarde por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Bea, abandonado y sin las llaves. Como resultado de lo ocurrido uno de los Guardias Civiles resultó lesionado.

La Fiscalía considera en el escrito de calificaciones que ambos son responsables de delitos contra la autoridad, y considera a Franco, además, responsable de un delito contra la seguridad vial, aparte del de lesiones al agente y daños al vehículo oficial.

Por ello pide dos años de prisión para el empleado y cuatro años para Franco por el delito de atentado contra la autoridad.

Para este último, además, uno por el de seguridad vial y otro por el de daños, además de multas y una indemnización al agente lesionado de 1.500 euros  y 2.720 a la Guardia Civil por los daños en el vehículo.

Por su  parte, la acusación del agente lesionado solicita penas de 4 años para ambos por el delito de atentado a la autoridad y multas, también por las lesiones, además de un año para Franco por el delito contra la seguridad vial.

Los abogados de los dos acusados piden la libre absolución y señalan "carencias del traslado" de la documentación del caso desde el juzgado de Calamocha hasta el Juzgado de lo Penal de Teruel.

El abogado de Franco alega que ese día su cliente estaba en Madrid y solo se le relaciona con el caso porque "el coche encontrado era propiedad (en renting) de una sociedad de la esfera empresarial" de Martínez Bordiu.