El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena considera que las movilizaciones independentistas contenían un "violento germen" que amenazaba con "expandirse" y que los promotores de la independencia pretendían exhibirlas "como espoleta de explosión social".

En el auto en el que dicta prisión eludible con fianza para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y libertad con fianza para los miembros de la Mesa de JxS, Llarena sostiene que "no está carente de fundamento" la tesis de la Fiscalía de que para lograr la independencia sus promotores "podrían haberse servido de esos puntuales focos violentos y de una movilización decidida y pacífica mucho mayor".

De esa forma, en opinión del juez, los impulsores del proceso independentista pretendían "exhibir los movimientos populares como la espoleta de una explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como la violencia coactiva para la consecución de sus fines".

El juez Llarena considera fundada la acusación de rebelión contra la presidenta del Parlamento catalán porque estima que se ha producido violencia en la "determinación" de los promotores de la independencia de usar la movilización popular que, en caso de ser contrariada, "podía resultar incontrolable",  y considera que para que se cumpla el requisito de la violencia en el delito de rebelión no es necesario que haya "hechos lesivos o daños contra personas o bienes", sino una intención de alcanzar "a todo trance" unos fines.

Para que se cumpla el requisito de la violencia en el delito de rebelión no es necesario que haya hechos lesivos o daños contra personas o bienes, sino una intención de alcanzar a todo trance unos finesExplica asimismo, en ese sentido, que es cierto que el Código Penal exige "un alzamiento violento y público" para el delito de rebelión, pero insiste en que "eso no quiere decir que para que el alzamiento público sea violento, resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes, sino que se manifiesta también el alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla", apostilla Llarena.

El juez indica en el auto que, aunque los investigados han renunciado al uso de la violencia en las movilizaciones afines a la independencia de Cataluña, y que "resulta evidente que el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos" que se movilizaron, la querella presentada por la Fiscalía General del Estado destaca numerosos "comportamientos agresivos".

En esta línea enumera la ocupación de las calles por centenares de tractores; el "bloqueo" y "asedio" de edificios dependientes de la Generalitat y de la Administración del Estado, y de hoteles donde se alojaban a agentes de la Policía y Guardica Civil; el "aislamiento" de agentes o de la comisión judicial en la Consejería de Economía —por los que los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentra en prisión, investigados por un delito de sedición—; o las "amenazas" a empresarios.