El gran éxito que Carles Puigdemont puede atribuirse legítimamente es el de haber transmitido ante un sector de la opinión pública internacional la imagen de que España es una democracia falsaria, incluso una semidictadura.

Estos días, las autoridades europeas tratan de sacudirse de encima la batería interminable de preguntas sobre Cataluña con respuestas cortantes y cáusticas como la del portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas: "La última vez que lo comprobé, tanto España como Bélgica eran democracias".

Schinas metió a Bélgica de rondón en su respuesta, en un afán por conceder igual grado de respetabilidad a los Estados de derecho de ambos países. Si España es un país tan dudoso en la gestión de una administración de justicia democrática, no habría entrado a formar parte de la Unión Europea. Y en los 32 años como país miembro hubiera dado tiempo a comprobar que nuestra adhesión fue un error. Pero generar esa duda sobre una España filofranquista en 2017 es uno más de los grandes logros destructivos de quien como Puigdemont, en sus menos de dos años al frente del Gobierno de la Generalitat, ha acreditado ser un virtuoso en el arte de demolerlo todo.

El expresidente (ahora fugitivo y quizá prepresidiario) ha jugado el papel de elemento acelerador de incendios. Los pirómanos saben bien cómo colocar la cerilla junto a un matojo seco cuando hay viento. Y saben que al lado conviene situar un bidón con algún elemento combustible, capaz de multiplicar por mucho los efectos del matojo, del viento y de la cerilla.

Cuando Puigdemont llegó al Palau de la Generalitat en enero de 2016, el procés ya había acabado con una fuerza política tan importante como Convergència i Unió. Con el tiempo, también acabó con Unió, y después con Convergència. Se creó el PDeCAT, y ahora está a punto de comprobar que las urnas pueden convertirlo en un partido menor.

Por el camino, la rendición del moderantismo convergente ante la estrategia sísmica de la CUP terminó con la carrera política de Artur Mas, que ahora, además, tiene que pagar una multa que puede dejarle sin su patrimonio familiar. Ya con Puigdemont en el poder, la aceleración ha provocado sucesivas ilegalidades, malversación de fondos públicos, la quiebra en Podem, la salida de alcaldes socialistas del PSC, la intervención de la autonomía catalana, el encarcelamiento de consejeros y la disparatada fuga de su presidente.

Mientras, las empresas huyen de Cataluña, el paro sube en esa comunidad más que en ninguna, y el PIB catalán y el español entran en fase de riesgo serio. Nada se parece más a este legado que un delito de lesa patria, entendido como aquel que causa estragos inmensos en la economía o en la moral de un pueblo. Puigdemont lo ha conseguido en los dos casos.