El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó este jueves, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, el Proyecto de Ley de Dinamización de la Actividad Comercial.

La normativa, que entrará en vigor a mediados de Julio, según el Consejero de Economía, Percival Manglano, permitirá a los comercios abrir 24 horas 365 días al año, eliminando, además, la necesidad de contar con una licencia de apertura. A partir de ahora, quien quiera abrir un negocio solo tendrá que entregar a la Administración una declaración responsable de cumplimiento de la normativa y un proyecto técnico, así como pagar una tasa.

En su trámite parlamentario, la ley ha dejado atrás su nombre originario de Ley de Dinamización del Comercio Minorista al ampliar la eliminación de las anteriores "trabas burocráticas" —como las consideraba el Ejecutivo de Esperanza Aguirre— a otros sectores como el asegurador, inmobiliario y financiero y no únicamente al comercio, como sucedía en origen.

Empleo y competencia

El diputado Eduardo Oficialdegui defendió la propuesta del Partido Popular asegurando que la ley generará las condiciones  "para que se creen más empleos en la sociedad". Además, ofrecerá a los ciudadanos mayor "libertad" a la hora de comprar.

Nadie ha pedido esta ley que desequilibra aún más el sectorOficialdegui recalcó que la ley no impone la obligación de abrir las 24 horas, sino que amplía el abanico de opciones de los comerciantes. La oposición, en cambio, cree que la normativa supondrá la muerte o la esclavización a sus negocios de los pequeños propietarios.

"Nadie ha pedido esta ley que desequilibra aún más el sector; profundiza en la brecha existente entre las grandes empresas de distribución, que son los grandes beneficiarios, y perjudica al resto", criticó la diputada socialista Paz Martín.

Para Antero Ruiz (IU), la liberalización de horarios impedirá conciliar la vida laboral y personal de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que deberán ingeniárselas para cubrir el horario frente a sus competidores.

UPyD también rechazó la ley a la hora de las votaciones al entender que  los inconvenientes de la ley superan a las ventajas. El momento, en su opinión, no es el adecuado "por la situación de crisis y el momento del consumo", en claro retroceso.