Junto a Ortiz -que también está investigado en otros procesos como Brugal o Gürtel- están acusados el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Vicente Pérez, Miguel Ballestar y Miguel Carratalá. Para Aurelio González Villarejo se ha sobreseído la causa por enfermedad.

El ministerio fiscal entiende que se ha dado la atenuante de reparación del daño, después de que Ortiz y Carratalá abonaran 8,8 millones de euros correspondientes al dinero que reclamaba Hacienda. Asimismo, según ha explicado, al ser solidaria da igual quién haya efectuado el pago, pues afecta a todos los acusados.

CONCLUSIONES

Así lo ha manifestado en la quinta y última sesión de este juicio que se sigue en la sala de lo penal numero uno en la que las partes exponen su informe final de conclusiones.

Los hechos se remontan a 2005 cuando, según la Fiscalía, todos ellos se pusieron "de acuerdo" para obtener "un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública mediante la defraudación en los tributos que debían satisfacer".

Hansa alquiló en octubre de ese año una decena de terrenos rústicos con una superficie aproximada de 300.000 metros cuadrados en la zona de la playa de San Juan a Construcciones Villarejo y a Obras Asfálticas (Grupo Cívica, perteneciente a Ortiz) por un importe total de 3 millones de euros, que pagaron por adelantado para un plazo de 5 años.

La Fiscalía entiende que aunque se abonó la mensualidad, los solares "nunca fueron usados ni utilizados para cualquier finalidad" y sí que hubo un "anticipo de una posterior operación mercantil de compra-venta de esos terrenos", a empresas del mismo grupo sólo seis meses después, ese contrato de alquiler permitió a las empresas aplicarse una Deducción por Reversión de Beneficios Extraordinarios en el Impuesto de sobre Sociedades al pasar de contabilizarlas como existencias a inmovilizado.

De este modo, la Fiscalía ha sostenido que las fincas debían ser clasificadas como existentes y no como inmovilizado, ya que su intención era "vender" transcurrirán más o menos tiempo desde su adquisición; que los contratos eran "falsos o simulados", ya que su objeto era "servir de amparo documental" a la inspección, que los terrenos no se utilizaron mientras estuvieron arrendados y que no se reclamó el dinero abonado "por adelantado" a Hansa por parte de los arrendatarios.

El fiscal también planteó de forma alternativa que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de estafa por simulación de contrato en vez de fraude fiscal, puesto que para ello basta el conocimiento para la apariencia de perjuicio a terceros. En este caso, pidió la pena de nueve meses de prisión.