Según el Ministerio Fiscal, uno de los acusados es el propietario de una parcela en Moreda, con una superficie de 2.757 metros cuadrados. La parcela, conforme al Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de Aller, está clasificada como suelo no urbanizable y bajo la categoría de especial protección.

Pese a tal clasificación urbanística, el acusado con el ánimo de engañar a la Administración, solicitó dos licencias, una para reforma y ampliación de un almacén agrícola -con concesión de licencia por la Junta de Gobierno Local el 19 de diciembre de 2012- y otra para el ensanche de un camino de acceso, con concesión de licencia por la Junta de Gobierno Local el 28 de abril de 2010.

Así, el acusado, amparándose formalmente en dichas licencias pero apartándose absolutamente del contenido de las mismas, realizó con sus propios medios, el movimiento de tierras para facilitar el mejor acceso a su finca, ensanchando el vial primitivo, creando un terraplén totalmente inestable que modificó la cuneta y que, al poco, se desplomó, afectando a la carretera municipal a la altura del núcleo de La Baná.

Como medio para estabilizar el terreno, contrató con un mercantil, dando órdenes a la misma para la creación de una escollera que, dada la urgencia e inestabilidad del terreno, la llevó a cabo sin indagar si existía licencia municipal que la amparase, si bien, posteriormente, las obras fueron parcialmente abonadas por el Ayuntamiento.

Igualmente, por sus propios medios preparó el terreno de dentro de la finca para la edificación de muros de hormigón de altura superior a los dos metros, actuación para la que tampoco tenía licencia y para la que no podría haberla obtenido.

Contrató con la mercantil también acusada el derribo del antiguo almacén agrícola, y la posterior construcción de una edificación, destinada a vivienda, de planta rectangular y con aumento de volumetría respecto al antiguo almacén. Obras que la mercantil llevó a cabo siguiendo las indicaciones del propietario, pese a que éstas se apartaban abiertamente tanto del proyecto como de la licencia.

El director facultativo de las obras, también acusado, se percató de que las mismas se estaban realizando apartándose abiertamente del proyecto que había realizado y, pese a ello, prosiguió como director de obra, si bien, al tener conocimiento del procedimiento, manifestó verbalmente al propietario de su disconformidad, así como su decisión de no proseguir con la dirección facultativa, aunque no lo comunicó oficialmente al Ayuntamiento.

Las obras que se ejecutaron finalmente, apartándose de las licencias concedidas, dieron lugar a unas construcciones para las que, de haber pedido licencias, no se habrían podido otorgar.

Una vez conocedor del procedimiento penal abierto frente al mismo, el acusado procedió a derribar parcialmente parte de lo que había ejecutado ilegalmente.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio el propietario en su condición de promotor de las obras; el director de obra y la mercantil encargada de la construcción de la edificación y solicita que se imponga la pena de un año y seis meses de prisión y 12 meses de multa, razón de 18 euros día. Además, la Fiscalía solicita que el propietario adecue las obras la legalidad urbanística.