Esto es lo que ha manifestado Ortega en la rueda de prensa donde ha presentado un documento marco aprobado por la junta municipal, que entrará en vigor, y que implicará una mayor reglamentación en la adjudicación de las empresas encargadas de la contratación para el Consistorio, afectando a todos los nuevos contratos adjudicados del Ayuntamiento.

Asimismo, el edil comentó que "no solo se ha valorado el aspecto económico o la opción más barata" sino que han estudiado la oferta con mayor calidad-precio. Añadió que, a partir de ahora, las empresas que deseen optar por la adjudicación de los concursos públicos municipales deben cumplir unos criterios sociales, tales como la estabilidad en el empleo, la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y la inclusión de planes que permitan compaginar la vida laboral con la familiar.

Por otro lado, apostilló que con esta medida fomentará "beneficios públicos y políticos" para las administraciones y se mejorará así la eficacia de los dispositivos gubernamentales para el empleo y las políticas sociales. Esto, dijo, permitirá compaginar a su vez las necesarias políticas existenciales con aquellas medidas más productivas y dinámicas.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se convertirá de esta forma "en la primera administración canaria" que pone en marcha dichas acciones sociales con el objetivo de convertirse en un referente de políticas sociales para el resto de consistorios regionales y nacionales.

Finalmente, Ortega dijo que una contratación pública responsable "no se trata solo de una buena forma de potenciar las políticas sociales locales" sino que consideró que se trata de un elemento de "gran importancia e impacto económico" porque, aseguró, que mueve entre un 15 y un 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel nacional.