En concreto, el Área de Derechos Sociales destina 500.000 euros a proyectos orientados al aprovisionamiento de productos de alimentación, higiene, aseo personal y limpieza, que tendrán un coste reducido del 75 por ciento respecto al precio de mercado.

En el caso de que las entidades beneficiarias tuvieran, además de la municipal, alguna otra financiación para el desarrollo de este proyecto se podría reducir el coste a los usuarios en un porcentaje superior al 75 por ciento establecido en esta convocatoria.

Asimismo, otorgará 100.000 euros a ayudas para la adecuación de locales y la adquisición de equipamientos necesarios para el desarrollo de la actividad, como neveras, ordenadores o cajas registradoras.

Las entidades interesadas pueden presentar las solicitudes desde este sábado hasta el 1 de agosto, preferiblemente en el Registro de Documentos del Área de Derechos Sociales o a través de los medios establecidos en la legislación vigente.

Podrán ser beneficiarias las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora para la concesión de subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva.

Las solicitudes serán valoradas con una puntación máxima de 80 puntos, estableciéndose unos criterios en los que se prima la zona de actuación con especiales características por las circunstancias de la población, la disponibilidad de un espacio diferenciado para ejecución del proyecto respecto a otros programas que desarrolle y la proximidad del espacio destinado a la ejecución del proyecto respecto a la zona de actuación.

Asimismo, se tendrá en cuenta experiencias de, al menos, dos años en proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, la acreditada en el reparto de alimentos y el hecho de que tengan una fuente de financiación para estos proyectos distintas a las regulada en esta convocatoria.

Entre otros aspectos, las entidades y asociaciones beneficiarias estarán obligadas a facilitar el seguimiento y la verificación de la distribución de productos subvencionados por parte de responsables del Área de Derechos Sociales y no podrán subcontratar, ni total ni parcialmente, la actividad subvencionada.

También deberán contar con una red suficiente de voluntarios, encargados de la ejecución del proyecto, que garanticen la distribución entre las personas beneficiarias, que deberán ser, solo y exclusivamente, aquellos ciudadanos que acrediten su situación de exclusión social.