Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del Informe Raxen de 2015, que ha presentado este viernes en Valencia el presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. El informe

calcula que, a partir los datos de Interior, se produjeron realmente un total de 615 delitos de odio en la Comunitat en 2015.

La organización también ha realizado una monitorización propia de casos, según la cual se produjeron 76 casos en la Comunitat en 2015, de los que 45 fueron agresiones y 27 incitaciones al odio. Este dato situaría a esta autonomía como la segunda de España con más casos, solo por detrás de Cataluña. Además, Ibarra ha adelantado que durante el primer trimestre de 2016, el colectivo ha tenido constancia de 30 casos de delitos de odio.

Los delitos de odio se instruyen como tal desde hace pocos años en España, según ha explicado Ibarra, e incluyen los ataques por motivos de racismo y xenofobia, ideología, discapacidad, orientación sexual, religión, estatus social y sexo.

En este sentido, el informe destaca que los delitos más comunes en 2015 en la Comunitat fueron los ataques de disfobia -odio a los discapacitados-, con 43 casos, seguidos del racismo y la xenofobia con 33; la ideología, con 18; orientación sexual, con 17; intolerancia religiosa, con seis casos; género y sexo, con cuatro y ataques por aporofobia -odio a las personas pobres- con dos casos.

Por provincias, la que más delitos registró fue Valencia, con 65; seguida de Alicante, con 39 y Castellón con 19. La provincia con mayor número de víctimas también fue Valencia, con 54; Alicante, con 43 y Castellón, con 19. De los 123 delitos, se esclarecieron 92: 48 en Valencia; 31 en Alicante y 13 en Castellón.

En cuanto a las detenciones, se produjeron 75, de las que 24 fueron por delitos relacionados con la disfobia; 12 con el racismo y la xenofobia; 17 con la ideología; 13 con la orientación sexual, cuatro con razón de género/sexo, tres por aporofobia y dos por intolerancia religiosa. Por provincias, en Valencia se produjeron 38 arrestos, 23 en Alicante y 14 en Castellón.

PERSISTEN LAS ACTITUDES

A la luz de estos datos, desde el Movimiento Contra la Intolerancia han destacado que en la sociedad española "persisten socialmente las actitudes de xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia", con especial incidencia de las "agitaciones islamófobas". Así, "siguen produciéndose agresiones y hechos violentos por individuos racistas o grupos neonazis" tanto a personas, como a sus bienes y sus espacios religiosos.

Por otra parte, Ibarra también ha destacado que en las ciudades se están generando grupos xenófobos que "utilizan el hambre y los alimentos" y excluyen a los inmigrantes. Otro de los problemas que identifican es el hecho de que los fondos ultras de los campos de fútbol "siguen siendo un vivero de racistas, islamófobos y neonazis".

Así, la entidad ha criticado el aumento de la presencia del "discurso del odio" en Internet y redes sociales, desde donde "se alimenta el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el antigitanismo, la homofobia y otras formas de intolerancia"; así como la entrada de discursos populistas xenófobos europeos que "buscan a la ultraderecha española".

"AL SUR DE LOS PIRINEOS"

En este sentido, Ibarra ha destacado que la presencia de estos grupos "al sur de los Pirineos" no es "tan amplia como en Europa" y ha expresado su deseo de que continúe así. De hecho, ha destacado que España es un país "muy dinámico" en la lucha contra la intolerancia y ha destacado que la organización está "muy contenta" con la Comunitat por acciones como el reconocimiento a Guillem Agulló.

Sin embargo, Ibarra ha señalado que este país debe continuar trabajando contra lo que ha calificado como el "problema número uno de Europa". Para ello, el informe incluye un decálogo de medidas contra el racismo, la intolerancia y los delitos de odio, entre las que se incluyen la creación de una oficina contra los delitos de odio, la creación de un plan de acción y de una Ley integral contra este tipo de delitos.

También se propone estimular la denuncia, el cierre de sitios en internet que promuevan el odio, la prohibición de conciertos, manifestaciones y actividades que promuevan la xenofobia, el racismo y la intolerancia; la ilegalización de organizaciones que promuevan estas actitudes; el impulso a la formación de agentes públicos y privados, la cooperación entre autoridades públicas y la promoción de cooperación europea e internacional.