Las pensiones subirán el 1 de enero de 2017 un 0,25%, el mínimo legal previsto, según han asegurado los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, tras confirmárselo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la reunión que ha celebrado esta mañana con los agentes sociales.

Los dirigentes sindicales han expresado su rechazo a esta medida y han vuelto a reiterar que las pensiones deben subir al menos la previsión de inflación para 2017, en torno a un 1,2%. "No estamos de acuerdo con el 0,25%, porque las pensiones no pueden empezar a perder poder adquisitivo ahora que la inflación empieza a ser positiva", ha subrayado Toxo tras la reunión con Báñez.

Por su parte, Pepe Álvarez ha apuntado que "tiene que quedar claro" que los sindicatos "ni se conforman ni se van a conformar con que los pensionistas vean bajar su capacidad de adquisición". Para ello, ha dicho Álvarez, los sindicatos trabajarán en la acción parlamentaria, en la movilización "si es necesario" y con todos los elementos que están a su alcance.

"No vamos a dejar de trabajar para que ese 0,25% tenga correspondencia no con la reforma del PP, sino con la inflación real que se produzca en 2017", ha recalcado el secretario general de UGT que dice que "a día de hoy" no existe posibilidad de negociar. En este sentido, tanto UGT como CC OO han trasladado a la ministra que no estaban de acuerdo con esta cifra y le han dicho que la reforma de las pensiones de 2013 debería ser sometida a discusión y derivar en una modificación de los índices de revalorización y del factor de sostenibilidad que, de mantenerse, entraría en vigor en 2019.

Precisamente la pasada semana el PP vetó en el Congreso, con la abstención de Ciudadanos, una Proposición de Ley apoyada por el resto de la oposición para subir las pensiones el 1,2% el próximo año. Sobre este tema, el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha asegurado que el incremento de las pensiones y del poder adquisitivo no debe vincularse con los precios ni con el IPC nacional, sino con la productividad del país y ha afirmado que el sistema se garantiza con la creación de empleo.

El Gobierno se ha mostrado en todo caso dispuesto a "mejorar" aspectos de la reforma laboral y del Estatuto de los Trabajadores si éstos los pactan los agentes sociales. Báñez ha observado que "hay más elementos para el acuerdo que para el desacuerdo" y ha apostado por cambios que deriven en el equilibrio entre empresas más competitivas y trabajadores con más protección".

"Unos y otros tenemos una gran responsabilidad", que es incorporar al mercado laboral a los 3,7 millones de parados que hay en España, y alcanzar los 20 millones de empleos en 2020, ha dicho la ministra, que ha insistido en "mejorar" lo que salga del diálogo y el acuerdo. Sin embargo, los líderes sindicales han coincidido en que "las cosas no han cambiado" aunque sí hay un calendario y un temario abierto para empezar a trabajar en enero con tres mesas: la priemra sobre calidad del empleo, Estatuto de los Trabajadores y Garantía Juvenil; la segunda abordará el paro de larga duración y las prestaciones de desempleo; y la tercera, revisará la acción de ley de mutuas.

El presidente de la patronal, Juan Rosell, ha contestado que ellos no están entorpeciendo ninguna negociación y que esperan a los sindicatos para sentarse a hablar en el momento que les digan. Respecto a la subida salarial para 2017, sobre la que los sindicatos reclaman alzas de entre el 1,8 % y el 3 %, Rosell ha dicho que no van a hablar "ni de puntos ni de décimas, sino del problema en su conjunto".

Además, los dirigentes empresariales se han mostrado a favor de que las pensiones de viudedad y orfandad puedan ser financiadas desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "La financiación mediante presupuestos es una realidad estadística que tenemos en estos momentos, ya que la Seguridad Social está con un déficit muy importante que no nos da para más", ha afirmado el presidente de la CEOE, Juan Rosell.