La ministra Fátima Báñez urge a los agentes sociales a cerrar en julio la subida de los salarios

Fátima Báñez, junto a los secretarios de Estado Juan Pablo Riesgo (d) y Tomás Burgos, durante la presentación de los datos de empleo en junio.
Fátima Báñez, junto a los secretarios de Estado Juan Pablo Riesgo (d) y Tomás Burgos, durante la presentación de los datos de empleo en junio.
EFE/J. J. Guillén
Fátima Báñez, junto a los secretarios de Estado Juan Pablo Riesgo (d) y Tomás Burgos, durante la presentación de los datos de empleo en junio.

"Crecimiento vigoroso". "Recuperación integradora". "Esperanzas para el parado". Muchas expresiones grandilocuentes pronunciadas este martes para el Gobierno para felicitarse por los datos de empleo en junio. Y no fue para menos. A saber, 98.317 desempleados dejaron de engrosar la cola del paro y se añadieron 87.962 nuevos cotizantes al sistema de Seguridad Social.

Cifras muy potentes, aunque con dos sombras. La primera, que adquieren velocidad por las primeras contrataciones de la temporada estival –hostelería y comercio aportaron el 75% de los nuevos afiliados– y la segunda, que fueron en ambos casos inferiores que en junio de 2016.

Un tercer factor oscurece estos datos innegablemente buenos: la sempiterna baja calidad del empleo que se crea durante esta recuperación económica. Apenas el 7,9% de los contratos firmados en junio – y fueron 2.089.520, récord histórico de cualquier mes y año– fueron fijos. Y menos aún, el 4,7% fueron además de jornada completa, los únicos que permiten cierta estabilidad laboral y de ingresos.

De ahí que la ministra de Empleo Fátima Bañez, tras presumir de haber recuperado "2,3 millones de empleos, dos de cada tres destruidos por la crisis", soltase el titular que muchos esperaban de boca del Gobierno. "Es el momento de que suban los salarios para fortalecer la recuperación de nuestro país", dijo Báñez flanqueada por sus secretarios de estado Juan Pablo Riesgo y Tomás Burgos.

Un misil dirigido a los agentes sociales que llevan meses enrocados en el acuerdo colectivo de 2017. Los empresarios ofrecen una subida salarial del 1% al 2% (y un 0,5% extra si la productividad lo permite), mientras los sindicatos exigen del 1,8% al 3% para recuperar el poder adquisitivo perdido en la crisis y una cláusula de revisión salarial si la inflación sobrepasa lo pactado.

La recuperación de poder adquisitivo es clave para los sindicatos. El IPC cerró el año pasado en el 1,6% —la más alta de los tres últimos ejercicios— lo que supuso una pérdida de poder adquisitivo para pensionistas y trabajadores en convenio, cuyas nóminas se revalorizaron un 0,25% y un 1,06%, respectivamente.

Economía estima para 2017 una inflación de hasta el 1,5%. Si es así –y dado que el Gobierno revalorizó las pensiones el mínimo legal del 0,25% por cuarto año seguido– el pensionista sufrirá otro golpe a su poder de compra. También los funcionarios, que han tenido un 1% de subida salarial este año. Un traspié que sería aún mayor si los precios suben por encima del 2%, como prevén la Comisión Europea, el FMI y la OCDE.

"Nosotros ya hemos sido suficientemente flexibles"

"Nosotros ya hemos sido suficientemente flexibles", aseguró este martes Juan Rosell al ser preguntado por el acuerdo al que urge la ministra Báñez. El presidente de la patronal CEOE espera que el acuerdo se cierre "sí o sí" en julio. Y esgrime que el alza media de los convenios sectoriales firmados este año es del 1,27%, en la horquilla de los empresarios. "Si los sindicatos no aceptan, tendrán que explicárselo a los suyos", apunta Rosell.

Unos u otros, lo cierto es que Báñez quiere el acuerdo "cuanto antes". Y se muestra "segura" de su encaje en las próximas semanas. "Julio es un buen mes para el acuerdo. Conocen su responsabilidad y cuál es el tejido económico de España", dijo la ministra, que aprovechó para marcar las líneas básicas: "ganancias de poder adquisitivo para el trabajador, seguir haciendo competitivas a las empresas y, fundamental, seguir creando medio millón de empleos al año para recuperar el trabajo perdido con la crisis".

El movimiento de Báñez descolocó hasta a sus opositores. El líder de IU, Alberto Garzón, admitió sentirse tan "extrañado" como "escéptico" porque la exigencia venga de un Gobierno que "ha contribuído más que naie a bajar salarios".

A los sindicatos trampoco les parece suficiente suficiente. Sobre todo, al reafirmarse este martes que el mercado laboral sigue teñido de estacionalidad turística: la hostelería y el comercio aportan dos tercios del alza de afiliaciones en junio. En educación, sin embargo, volvieron a borrarse 51.487 cotizantes por el fin del curso escolar.

"Hay más contratos precarios que nunca, las empresas abusan de la temporalidad y del subempleo como en ningún otro país de la UE", lamenta Mari Carmen Barrera, secretaria de Empleo del sindicato UGT, sobre los 1,9 millones de temporales en junio. Elevar salarios, de paso, ayudaría según los sindicatos, a elevar los ingresos por cotizaciones y sanear una Seguridad Social que en 2016 tuvo un agujero histórico (18.096 millones).

"Queda mucho por hacer", admitió este martes Báñez que, sin embargo, destacó que la contratación fija avanza, que en junio mostró su mejor registro de la serie (166.462 acuerdos) y que crece un 12,2% respecto a los contratos indefinidos de junio de 2016.

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