Forcadell y los miembros de la Mesa se desmarcan ante el juez de vía unilateral hacia la independencia

Carme Forcadell, llegando al Supremo.
Carme Forcadell, llegando al Supremo.
EFE
Carme Forcadell, llegando al Supremo.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los dos miembros de la Mesa, que han declarado ante el juez del Supremo, Pablo Llarena, han acatado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y han dicho que la declaración de independencia del 27-O tenía "carácter simbólico". Tras la declaración, el juez le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para eludir la cárcel.

Forcadell y los diputados para los que la Fiscalía había pedido prisión incondicional han utilizado su turno de última palabra para desvincularse de la vía unilateral hacia la independencia, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Las fuentes han indicado que al finalizar la vistilla en la que se han planteado las medidas cautelares tras las declaración de los seis investigados, Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó han utilizado el turno de última palabra que les ha concedido el juez Pablo Llarena.

Poco antes, la fiscalía había solicitado para los cuatro prisión incondicional, entre otros motivos por el riesgo de reiteración delictiva. Mientras que para la diputada del PDeCAT Ramona Barrufet -que ha declarado que el referéndum del 1-O no tuvo validez y ha rechazado la vía unilateral- ha solicitado una fianza de 50.000 euros para eludir la prisión.

Durante sus declaraciones previas, Forcadell, Corominas, Guinó y Simó habían acatado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y habían dicho que la declaración de independencia solo tenía valor simbólico.

En su última palabra y una vez conocida la petición del fiscal, han añadido su rechazo a la vía unilateral, han dicho las fuentes.

Cambio de estrategia

Fuentes presentes en la comparecencia han informado del contenido de las declaraciones prestadas ante Llarena por Forcadell, Lluis Corominas y Lluis Guinó, quienes han accedido a responder a todas las preguntas de la Fiscalía, un evidente cambio de estrategia de defensa respecto a la que han mantenido en el pasado.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración y, respecto a la prisión provisional para los exconsellers del Govern, sugirió que si hubieran acatado la Constitución y el 155 "a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado".

Otras fuentes, del entorno de Forcadell, han informado de que la presidenta ha defendido ante el juez que el Tribunal Constitucional "no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo hace a posteriori".

Según estas fuentes, Forcadell ha añadido que "siempre ha permitido el debate sin perjudicar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre".

También ha afirmado que "evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado democrático".

Forcadell, aseguran, ha defendido que "ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados".

Ha explicado asimismo que como presidenta no puede hacer un control "de fondo" de las iniciativas parlamentarias y que no puede impedir votaciones.

Finalmente, ha indicado, según las fuentes, que "ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos" porque esta vía "es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos".

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