Tras la muerte de José Manuel Maza, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, es ahora el fiscal general del Estado en funciones, un jurista curtido en el País Vasco e impulsor en 1989 de la investigación a miembros de la Guardia Civil destinados en el cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa).

Nacido en Granada en 1948, Navajas ingresó en la carrera fiscal en 1976 y fue nombrado en 1987 fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, cargo que ejerció 16 años hasta que en 2003 abandonó el País Vasco para ocupar el puesto de fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Ahora, como teniente fiscal del Supremo —cargo para el que fue nombrado el 31 de octubre de 2014— tiene que hacerse cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), tal y como se establece en la normativa, que le otorga entre sus funciones la de sustituir al fiscal general del Estado en caso de ausencia, enfermedad o vacante.

Es la segunda vez que asume esta función. Con la renuncia de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado, el 19 de diciembre de 2014, Navajas ocupó de forma interina el puesto hasta que Consuelo Madrigal tomó posesión como nueva titular, el 13 de enero.

Sus actuaciones contra miembros de la ilegalizada Batasuna, su participación en el polémico caso de Mikel Otegi, cuando un jurado popular declaró la no culpabilidad del procesado en el asesinato de dos ertzainas, son algunos de los innumerables casos en los que intervino durante su trayectoria en San Sebastián.

De todos modos, el caso más conocido fue el informe que lleva su nombre, con el que trató de investigar unas supuestas tramas de corrupción en el cuartel de Intxaurrondo de la Guardia Civil.

Esta investigación contra algunos de los hombres que entonces dirigía el exgeneral Enrique Rodríguez Galindo tuvo que archivarse y Navajas fue criticado por poner en entredicho con este informe la labor de importantes mandos policiales en la lucha contra ETA.

Ya en el Tribunal Supremo, Navajas intervino, en 2012, en una causa contra el exjuez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y llegó a pedir el sobreseimiento de la misma.

De hecho, tres años antes ya solicitó al Supremo que no admitiera la querella del pseudosindicato Manos Limpias contra Garzón por prevaricación.

Ahora, como teniente fiscal, es quien interviene en los expedientes disciplinarios abiertos a jueces en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con Maza ha ido de la mano en las actuaciones contra el desafío soberanista y en las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación, y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

Días antes de la presentación de las querellas, Navajas ya advirtió en unas declaraciones públicas  que el Ministerio Fiscal adoptaría "con serenidad, pero con firmeza", "todas aquellas medidas y resoluciones" para revertir el "agravio al Estado de derecho y a la ley" que suponían las acciones de la Generalitat.