Barcelona, Lisboa y Nueva York piden poner límite al precio de la vivienda para no morir de éxito

  • Las tres ciudades firman un artículo en el que piden más capacidad legislativa frente a la especulación.
  • París y Berlín ya tienen instrumentos para limitar el precio de los alquileres.
<p>Un piso de alquiler de Barcelona.</p>
Un piso de alquiler de Barcelona.
ACN/Oriol Campuzano
<p>Un piso de alquiler de Barcelona.</p>

También las ciudades buscan el éxito; buscan estar en el mapa. El problema es que algunas pueden morir de éxito. La vivienda suele ser un buen termómetro de si se logra el objetivo, pero también de si se muere por su culpa. Nueva York hace tiempo, y ahora Barcelona y Lisboa saben lo que es eso. Tanto es así que las tres ciudades quieren poner límite al precio de la vivienda. Pero, ¿se puede? O mejor ¿pueden hacerlo las ciudades?

Las alcaldías de las tres ciudades han firmado un artículo conjunto en el que piden más capacidad legislativa para hacer frente a la “creciente presión especulativa, al acoso y la expulsión”, tal como ya hacen ciudades como París y Berlín. El texto lo firman Brad Lander, regidor de Nueva York responsable de Vivienda asequible; Paula Marques, regidora de Vivienda de Lisboa; y Laia Ortiz, teniente alcalde de Derechos Sociales de Barcelona.

El artículo comieza recordado que "la ciudad es nuestro hogar, y aun así hoy es también donde el derecho a la vivienda, uno de los derechos más básicos, pero menos protegidos, se encuentra más amenazado". Ocurre, aseguran, que "la reducida rentabilidad del capital, y el descontrol y extrema facilidad de los movimientos financieros internacionales ha convertido la vivienda urbana en objeto de inversión especulativa".

Y es ahí donde aparecen los grandes fondos de inversión y "otros actores de alcance internacional". Ocurre entonces "que, en estas ciudades, su mismo éxito y atractivo pone en riesgo sus residentes estables y familias. La presión turística impulsa al alza los precios y provoca que cada vez más pisos se ofrezcan por alquiler turístico en ninguna parte de por residencia permanente".

El resultado es que "ya tenemos barrios en nuestras ciudades donde hay más alojamientos turísticos que pisos de primera residencia". Las tres ciudades recuerdan que a ello se suma el proceso de gentrificación: propietarios con alto poder adquisitivo que se instalan en barrios de tradición obrera. La consecuencia es un aumento del precio de los alquileres, el desplazamiento de los inquilinos con rentas más bajas (a menudo migrantes y minorías), y la desaparición de comunidades que estuvieron unidas durante décadas.

Barcelona, Lisboa y Nueva York destacan dos líneas de actuación "imprescindibles" donde las ciudades necesitan desarrollar más competencias. En primer lugar, es esencial tener una regulación del precio del alquiler que permita en las ciudades establecer índices de referencia de los precios del alquiler y poder prohibir a los propietarios que estos se superen. Estos índices ya son una realidad en Nueva York, París o Berlín.

En segundo lugar, hay que regular el turismo, "poniendo límites a su sobreexplotación y masificación, precisamente para que no deje nunca de ser atractiva, ni de ser productiva en sus múltiples facetas creativas, y para limitar sus efectos en los precios del alquiler". A los operadores turísticos y de alquiler de apartamentos los responsables de estas tres ciudades les piden "simplemente cumplir la ley: hay que acabar con los pisos turísticos ilegales".

Las ciudades que firman este artículo reivindican un “poder local con política también global”. El texto acaba asegurando: "Nuestras ciudades no son una mercancía. Son una comunidad de personas muy diversa que quieren vivir y prosperar juntas, en común". Y subrayan que su voluntad es que sean espacios "donde se pueda vivir, vivir todo el mundo y vivir dignamente. Donde se garantice el derecho en la ciudad y el derecho a la vivienda".

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