El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este lunes la mayor reducción de tierras públicas protegidas en la historia de EE UU al recortar más de 9.200 kilómetros cuadrados en dos parques en Utah, una medida alabada por los conservadores del estado y duramente condenada por ecologistas y tribus nativas.

En una visita a Salt Lake City (Utah), Trump ordenó menguar sustancialmente la superficie de dos monumentos nacionales —terrenos naturales protegidos por el Gobierno federal— que habían resguardado sus predecesores demócratas, Barack Obama (2009-2017) y Bill Clinton (1993-2001).

"He venido a Utah a adoptar una acción muy histórica para revertir la extralimitación [del Gobierno] federal y restaurar los derechos de esta tierra a sus ciudadanos", dijo Trump en un discurso en el Capitolio estatal de Utah, en Salt Lake City.

Trump redujo en alrededor del 85% el territorio de Bears Ears, una extensa área protegida creada por Obama el año pasado, y recortó casi el 46% de la superficie de Grand Staircase-Escalante, un parque protegido en 1996 por Clinton.

Ambos parques son monumentos nacionales: áreas terrestres o marinas protegidas que, a diferencia de los parques nacionales, pueden crearse sin el visto bueno del Congreso, con la simple orden del presidente, de acuerdo con una ley de 1906.

Trump consideró que sus predecesores "abusaron" de esa ley, llamada de Antigüedades, para poner cada vez más tierra y agua bajo control federal, y que eso arrebató a los habitantes locales la capacidad de decidir la mejor forma de utilizar esos terrenos.

"Estos abusos de la ley de Antigüedades han dado un enorme poder a burócratas en tierras lejanas, a expensas de la gente que verdaderamente vive y trabaja aquí", opinó el presidente.

El objetivo de la Casa Blanca es abrir el territorio que antes estaba protegido para facilitar el uso público de sus carreteras y pastos, además de a la "caza y pesca sostenible", dijo a periodistas el secretario de Interior de EE UU, Ryan Zinke.

Grand Staircase-Escalante tiene yacimientos de carbón, pero Zinke negó que la decisión de reducir su tamaño tenga que ver con intereses de explotación minera, y aseguró que en Bears Ears no hay petróleo ni gas.

En concreto, Bears Ears pasará de sus 6.075 kilómetros cuadrados a apenas 817, y estará dividido en dos zonas protegidas aisladas la una de la otra.

Mientras, Grand Staircase-Escalante pasará de tener 8.100 kilómetros cuadrados a alrededor de 4.050 kilómetros cuadrados, y quedará partido en tres áreas.

La medida despertó críticas de varias organizaciones de defensa del medio ambiente, y al menos una de ellas, la Fundación para la Conservación de Tierras, planea presentar una demanda judicial para tratar de deshacer la decisión de Trump.

También se espera que las cinco tribus que presionaron para lograr la protección federal de Bears Ears —los Hopi, la Nación Navajo, la Tribu Mountain Ute, el Pueblo de Zuni y la Tribu Indian Ute— demanden al Gobierno de Trump.

"Este monumento representa parte de nuestra historia y nuestro futuro. La nación Navajo presentará una demanda contra la decisión de Trump y no nos echaremos atrás", dijo en un comunicado Davis Filfred, que representa a varias comunidades navajo en Utah.

Uno de los principales grupos de defensa del medio ambiente de EE UU, el Sierra Club, indicó que el anuncio de Trump "es una vergüenza, un insulto a la soberanía de las tribus, los siglos de herencia hispana y las personas de todo el país que aman y se preocupan por los parajes naturales".

"Una vez más, la Administración Trump ha vendido al público estadounidense sus lugares especiales solo para beneficiar a la élite de los combustibles fósiles", afirmó en un comunicado el director ejecutivo de Sierra Club, Michael Brune.

En cambio, la medida recibió aplausos de políticos conservadores en el estado, que se habían opuesto frontalmente a la decisión de Obama de declarar Bears Ears un monumento nacional.

"El presidente Trump nos ha escuchado. No somos un estado menor", indicó el líder de la Cámara Baja de Utah, el republicano Greg Hughes.

La Asociación Nacional de Ganaderos de carne de res también celebró la medida al considerar que amplía el poder de los rancheros y "las comunidades rurales", a pesar de que el pasto de ganado ya estaba permitido en ambos parajes.