El Ministerio del Interior tendrá que indemnizar con 5.250 euros a un funcionario de prisiones por las lesiones que le causó un preso, que se declaró insolvente tras ser condenado por esta agresión, ocurrida en el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas (Palencia) en 2014.

Así lo acuerda el juzgado central número uno de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional al estimar el recurso presentado por el funcionario contra una resolución del subsecretario de Interior, que no aceptó su petición de asumir la indemnización que le correspondía.

Según recuerda el fallo, contra el que no cabe interponer recurso, el funcionario sufrió un traumatismo craneoencefálico con dos heridas inciso contusas al intentar reducir a un recluso que portaba un trozo de cristal.

El funcionario ganó el juicio y el fallo determinó que el preso debía indemnizarle con 2.700 euros por lesiones y otros 2.550 por secuelas, pero el condenado le abonó tan solo 30 euros y se declaró insolvente.

Ante ello, la víctima reclamó la cantidad a la administración, pero el Ministerio del Interior rechazó abonársela.

Para  sus abogados, era una decisión "injusta" porque en el caso de las fuerzas de seguridad del Estado la Administración sí asume la indemnización cuando los agentes sufren daños en el ejercicio de su actividad profesional y el causante se declara insolvente.

Sin embargo, los funcionarios de prisiones, "cuyo riesgo es prácticamente el mismo que el de sus compañeros, tienen que pelearlo en el juzgado para que puedan ser resarcidos, pues la Administración no se reconoce directamente con el consiguiente coste económico y personal añadido", subraya el bufete.