Los ministerios de Fomento y de Energía han concluido que el grupo italiano Atlantia debe contar con el permiso del Gobierno español para comprar Abertis, ya que gestiona autopistas de peaje de titularidad pública y es accionista de referencia de Hispasat, que opera en un sector estratégico.

Fomento y Energía han formulado sendos requerimientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aprobó la opa sobre Abertis, para que "subsane el defecto provocado" por la decisión de Atlantia de no solicitar autorización al Gobierno para lanzar su oferta sobre la concesionaria española, han informado hoy ambos departamentos.

Los dos ministerios, que basan su petición en la legislación vigente, en estudios internos y en el informe solicitado a la Abogacía del Estado, han recalcado que la exigencia de autorización no prejuzga la decisión final que adoptarán.

El informe de la Abogacía del Estado señala que, aunque no es completamente seguro, resulta "razonable" el criterio de Fomento de que es necesaria la autorización del Gobierno para comprar Abertis por gestionar autopistas de peaje de titularidad pública.

Además, afirma que debe exigirse a Atlantia la autorización prevista en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de julio de 1997 por el que se otorgó a Hispasat, empresa participada por Abertis, la concesión del servicio de gestión del segmento espacial atribuido al Estado español.

El Gobierno alude también a la legislación que regula las concesiones de autopistas, en concreto a la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y al Decreto 215/1973, de 25 de enero, que aprueba el pliego de cláusulas generales.

Los dos ministerios recuerdan que Hochtief, la filial alemana de ACS, sí ha pedido permiso al Gobierno español para lanzar su opa competidora, y que Atlantia ha solicitado autorizaciones en todos los países en los que opera Abertis, excepto en España.

El 9 de octubre, la CNMV autorizó la opa de Atlantia sobre Abertis a pesar de que en el folleto de la oferta el grupo italiano señalaba que no consideraba necesario contar con el permiso del Gobierno español. Previamente, los dos ministerios habían comunicado a la CNMV que, según su criterio, sí era necesaria la autorización del Ejecutivo