El Tribunal Constitucional ha anulado por invadir las competencias del Ejecutivo central el decreto de la Generalitat valenciana que permitía el acceso universal a la sanidad, una norma que regulaba fundamentalmente la atención a inmigrantes en situación irregular.

El alto tribunal suspendió el decreto en 2015, cuando admitió el recurso del Gobierno, pero luego levantó esta suspensión, en 2016. Ahora, en su fallo definitivo, considera que la norma valenciana, una de las primeras medidas aprobadas por el Consell formado por el PSPV y Compromís y apoyado por Podemos, se extralimita en las competencias que se atribuye, invadiendo las del Estado central. En concreto,  establece que va más allá del "criterio de lo básico establecido en la norma estatal". El Gobierno de Rajoy aprobó en 2012 la exclusión de los inmigrantes indocumentados del sistema sanitario público.

La sentencia cuenta con un voto particular contrario al fallo emitido por los magistrados progresistas del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Maria Luisa Balaguer Callejón.

Balance de personas beneficiarias

Hasta el pasado mes de julio, según los datos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 19.624 personas se han beneficiado de la cobertura sanitaria universal. De ellas, 15.253 seguían teniendo una asistencia sanitaria integral gracias a esta medida y las 4.371 restantes habían evolucionado hacia otras modalidades -tras regularizar su situación administrativa cuentan con la cobertura ordinaria-. De los ciudadanos que han accedido a una atención sanitaria integral, el 90% proceden de países que no pertenecen a la Unión Europea.