La ganadora de las elecciones catalanas del 21-D, Inés Arrimadas, no intentará formar gobierno, dijo este martes el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, que subrayó que el partido naranja no puede negociar con Junts per Catalunya (JxCat) ni con ERC y que los "constitucionalistas suman lo que suman".

Villegas dijo que Cs "no renuncia a nada" y que está, en todo caso, "a la expectativa" de comprobar si JxCat, ERC y la CUP, con mayoría absoluta en el nuevo Parlament, "pueden formar gobierno", pero descartó incluso que Arrimadas exponga su programa ante la Cámara con el argumento de que sus propuestas son de sobra conocidas.

Cs se zafó así de la presión que el PP le trasladó por boca de Fernando Martínez-Maillo, su coordinador general, quien reclamó a Arrimadas que, como ganadora de los comicios, haga "su trabajo", busque reunir una mayoría de gobierno, y no ponga la Generalitat "en bandeja a los independentistas", tesis a la que también se sumó Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso: "No es bueno que tire la toalla, es un error", dijo.

Con la negativa de Cs, la pelota vuelve al campo independentista, que necesita cuanto antes sortear los obstáculos legales, consensuar un candidato a la Presidencia, y hacer valer todos sus votos en el Parlament, donde JxCat, ERC y CUP suman 70 escaños, apenas dos por encima de la mayoría absoluta.

JxCat insiste en "restituir" a Puigdemont en la Presidencia. Para ello tendría que regresar de Bruselas a España, lo que acarrearía su detención. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, reconoció ese extremo el domingo, y subrayó que el expresident está "dispuesto a volver" y que decidirá en "días". Si Puigdemont regresa, ERC está dispuesta a apoyar su reelección.

¿Pero, qué sucedería si Puigdemont decidiera finalmente quedarse en Bruselas? En ese escenario no hay acuerdo entre JxCat y ERC: los primeros quieren que presida la Generalitat un candidato de su lista; los republicanos, en cambio, plantean que Oriol Junqueras asuma las riendas. A favor de esta opción, argumentan que es el vicepresidente del "Govern legítimo" y que, en ausencia de Puigdemont, le corresponde gobernar a su número dos. En contra de esta vía juega que Junqueras siga en prisión, aunque ERC tiene un informe jurídico que avala la posibilidad de investirlo, incluso en su actual situación.

Para reeditar el Govern independentista, sea con el candidato que sea, también haría falta un acuerdo con la CUP. ERC apela además a los comunes, que rechazan pactar con JxCat, Cs, PP o con un Govern que mantenga la vía unilateral, para que apoyen al posible tripartito, que dispondría de una ajustada mayoría parlamentaria.

Tienen, además, poco tiempo para negociar: el Parlament se constituye un máximo de 20 días hábiles después del 21-D, pero Rajoy quiere que sea antes del 20 de enero. Diez días más tarde, el presidente de la Cámara propondrá un candidato, que necesita mayoría absoluta en primera ronda y simple en la segunda. Si no lo logra, se elige a otro aspirante, y si dos meses después de la primera votación aún no hay una investidura exitosa, se celebran otras elecciones.

Y mientras los independentistas negocian a contrarreloj –a principios de febrero podría votarse la primera investidura–, los partidos de ámbito estatal continuaron este martes con el análisis de sus resultados, poco satisfactorios, salvo para Cs.

Martínez-Maillo, admitió que al PP le fue "mal" –cayó de 11 a 4 escaños–, pero subrayó que ni el Gobierno ni Rajoy se estaban "examinando" el 21-D, y pidió "diferenciar" los resultados de las autonómicas –que achacó a decisiones "difíciles" como aplicar el artículo 155 de la Constitución– de los de unas posibles generales.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, reconoció que hablar en campaña de indultos generó "desconfianza" hacia el PSC, aunque opinó que no fue un factor "determinante" para impedir una mayor subida de los socialistas catalanes, que apenas crecieron de 16 a 17 escaños, y dijo que el voto útil constitucionalista se aglutinó "con fuerza" en torno a Cs, que tenía una posición "más clara" en la cuestión territorial.

Ione Belarra (Unidos Podemos), por último, vinculó la caída de los comunes –de 11 a 8 escaños– a la "polarización" derivada del procés.