El Gobierno valenciano blindará presupuestariamente, mediante una nueva ley integral, los servicios sociales para equipararlos con otros derechos esenciales como la sanidad o la educación. "El presupuesto ha de garantizar el derecho y no al revés. A nadie se le ocurriría decir que la escolarización de un niño está condicionada por la disponibilidad presupuestaria. Pues en servicios sociales, lo mismo".

Con estas palabras ha definido el espíritu de la futura Ley de Servicios Sociales Inclusivos la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la presentación este miércoles del borrador del texto, en cuya elaboración ha trabajado durante casi dos años el departamento que dirige, Igualdad y Políticas Inclusivas. La norma, según Oltra, pretende, por un lado, "garantizar la universalidad del sistema", y por otro "poner orden" en la "situación caótica" en la que se encontraban los servicios sociales valencianos, "demantelados", con carencias de personal y con parte del mismo privatizado.

De hecho, el nuevo texto tratara de huir de una visión "asistencialista y caritativa" con una actualización legislativa que pondrá al día la ley aprobada en 1997 y que no se desarrolló. Según la vicepresidenta del Consell, la falta de coordinación ha provocado situaciones como que una misma ayuda de emergencia haya sido ofrecida por dos entidades benéficas y por un ayuntamiento.

La "ley de la legislatura", como la ha definido Oltra, supondrá crear el sistema público valenciano de servicios sociales y blindar el modelo puesto en marcha por el actual Ejecutivo, que para este año contempla una dotación de 41 millones de euros en el presupuesto (cuatro veces más que en 2015), 1.574 contrataciones de profesionales (las plantillas se cuadriplican respecto a 2015) y una ratio de un profesional cada 2.781 habitantes, frente a la 1/12.742 de hace tres años.

Contenido de la ley

La ley garantizará el acceso a las prestaciones a todas las personas con residencia efectiva en la Comunitat Valenciana, y también a los valencianos que residan en el exterior si esa ayuda les sirve para retornar tras haber emigrado (por ejemplo, para una residencia de ancianos o de diversidad funcional). Para ello, se basará en cuatro pilares: la consolidación de un sistema público digno, el municipalismo (los ayuntamientos serán la puerta de entrada), la prevención y el rescate de personas (a través de recursos como la renta valenciana de inclusión o las ayudas a la dependencia).

El texto refleja que ninguna prestación recogida en el mismo estará condicionada por la falta de dotación presupuestaria. De este modo, la Comunitat Valenciana será la primera autonomía que reconoce los servicios sociales como de interés general. "Serán un derecho social propio e inalienable. No habrá problemas para contratar personal porque las leyes de estabilidad dan prioridad a los servicios esenciales", ha explicado Oltra.

Respecto a los titulares de los derechos, la ley creará un catálogo de prestaciones y servicios mínimos. Además, dispondrá de zonas básicas, áreas y departamentos de servicios sociales que equivaldrán a la atención primaria, especializada y hospitalaria del sistema sanitario. Del mismo modo, habrá herramientas especializadas como una tarjeta de información que prevé integrarse en el SIP sanitario, donde figurará el historial social de la persona (si es dependiente, si ha sufrido violencia de género...) para mejorar su atención.

Modelo público como prioritario

Respecto al modelo de gestión, dará prioridad al sistema público como primera opción. En segundo lugar se recurrirá al concierto social con entidades sin ánimo de lucro (este año entra en vigor la atención a 9.551 personas en 442 centros). Finalmente, si no se puede cubrir un recurso con ninguna de estas dos fórmulas, se recurrirá a la contratación con empresas privadas. La ley fijará la composición de los equipos profesionales y la ratio en una media de un profesional por cada 2.300 habitantes (variará en función del tamaño del municipio).

Además, "los servicios se adaptarán a las personas, y no al revés", según Oltra, lo que supondrá diseñar programas de intervención a la medida de la persona. "Todos vamos a pasar alguna vez en nuestra vida por los servicios sociales, para un título de familia nmerosa o por una necesidad concreta", ha añadido Mónica Oltra. Los ayuntamientos serán la puerta de entrada de los usuarios al nuevo sistema. La ley también creará órganos de coordinación con otras instituciones, el Consell Valencià d'Igualtat, Inclusió i Drets Socials y el Institut Valencià de Qualitat en Drets Socials, que se dedicará a la investigación y formación para el reciclaje de profesionales en este ámbito.

Respecto al calendario de aprobación y puesta en marcha de la norma, Oltra espera que pueda aplicarse durante el último trimestre de este año 2018, "si puede ser antes, mejor". El Consell declaró de urgencia la tramitación del texto hace un mes para acortar los plazos.