El juzgado de Primera Instancia número 25 de València, dedicado en exclusiva a tramitar los asuntos relacionados con cláusulas hipotecarias abusivas en la provincia desde el pasado mes de junio, recibió 7.488 demandas en 2017 y acumula ya, a fecha de hoy, 8.400. De ellas, más de 4.000 están pendientes de incoación y, al ritmo actual, las previsiones indican que se podría cerrar el año con entre 12.000 y 14.000 demandas.

Estas son las cifras ofrecidas este jueves por el decano de los jueces de València, Pedro Viguer, en la presentación de las estadísticas del pasado año 2017 correspondientes al partido judicial de la ciudad. Tal y como ha explicado Viguer, el órgano especializado en cláusulas abusivas se compone de una jueza titular más tres de refuerzo, y el próximo 12 de febrero se incorpora una más. Está previsto que cada juez dicte de media entre 900 y 1.000 sentencias al año. De hecho, la semana que viene se alcanzará el procedimiento número 1.000 terminado.

Para Viguer, el juzgado "ahora mismo está funcionando a un ritmo bastante razonable", con 2.850 juicios y vistas señalados hasta septiembre de 2018. "Hacemos lo que podemos. Creo que saldremos adelante. Tenemos la experiencia de lo que sucedió con los productos financieros complejos (preferentes, subordinadas...), con los que llegamos a 20.000 demandas, y ahora solo quedan 400" por resolver, ha explicado. No obstante, el decanato ha pedido tres funcionarios de refuerzo para este juzgado ante la previsión de entrada de asuntos, cuya media diaria está en 50 demandas en estos momentos. Solo en septiembre de 2017 se registraron 1.673, un dato que Viguer califica como "tremendo".

La "inmensa mayoría" de estas demandas, afirma Viguer, tienen que ver con los gastos de formalización de las hipotecas, que en virtud de recientes sentencias deben asumir las entidades financieras, pero que obligaron a pagar a los compradores de las viviendas. "Voy a necesitar más jueces seguro, pero no sé si voy a disponer de ellos", ha relatado el decano de València.

En su conjunto, el pasado año fue "muy complicado" en los juzgados de València, según Viguer, por el "enorme trastorno" que provocó el incendio registrado en la Ciudad de la Justicia el 10 de septiembre y por lo que ha definido como un "bucle melancólico" en referencia a las quejas por el "escaso interés" en la justicia que se deriva de la falta de inversión y medios por parte de los poderes públicos.

Los juzgados de la ciudad recibieron en total 40.378 demandas (un 1,4% menos que en 2016), con un incremento "alarmante" del 35% en contencioso administrativo por las demandas del personal interino de larga duración y del 2,8% en violencia de género, que llegó a las 5.020 denuncias.

En otras áreas, se contabilizaron 337 ejecuciones hipotecarias (frente a las 420 de 2016 y las 1.753 que hubo en 2009), 7.500 demandas relacionadas con préstamos y créditos, 1.800 desahucios no hipotecarios y apenas 47 concursos de acreedores de personas físicas. En social, hubo 6.690 demandas por despidos, 45.576 asuntos en los juzgados de instrucción, 3.500 en los juzgados de lo mercantil y 7.000 en penal.

Sobre el incendio que afectó, en mayor o menor medida, a ocho juzgados de primera instancia el pasado mes de septiembre, Viguer considera que su detección "fue tardía" y cree que, si se hubiera producido antes, los "catastróficos daños" habrían sido menores. De hecho, la Ciudad de la Justicia estuvo paralizada seis días hábiles, lo que supuso un "trastorno enorme" al tenerse que suspender 2.500 vistas y juicios. Las previsiones del decanato apuntan a que los juzgados número 5, 6, 7 y 10 puedan volver a sus antiguas dependencias en marzo, mientras que el 1, 2, 3 y 4, que quedaron "destruidos", lo harán en junio.

Viguer ha destacado el plan de choque puesto en marcha con siete jueces de refuerzo para acelerar los juicios y vistas suspendidos (568 en civil, 812 en social y 448 penales), y pone el acento en la necesidad de recuperar los 2.500 expedientes calcinados, de los cuales 2.000 son del juzgado de primera instancia número 3. Actualmente, se ha conseguido reconstruir el 15% de los expedientes, unos 300, pero el trabajo es lento y arduo, ya que hay que contactar con las partes para recuperar las copias y contrastarlas.

El decano de los jueces ha querido insistir de nuevo en el "bulo" que circuló respecto a la posible relación del incendio con casos de corrupción: "Es absolutamente falso que quedara afectado ningún expediente penal, ya que los juzgados eran de primera instancia y se ocupan de deudas, arrendamientos, préstamos...".

València ha puesto en marcha como experiencia piloto la implantación del llamado coordinador de parentalidad, un colaborador del juez para "normalizar relaciones de pareja muy conflictivas" en determinados procesos de divorcios con menores. Según Viguer, esta figura pretende evitar la constante intervención del juzgado en la ejecución de una sentencia de divorcio. Su trabajo consiste en entrevistarse con los progenitores y con los propios menores para acercar posturas entre ellos que faciliten el proceso. "Cuando supe que existía en otras comunidades decidí poner en marcha una experiencia piloto seleccionando 10 casos. Los resultados son absolutamente espectaculares", ha dicho.

La intervención ha permitido "recuperar relaciones absolutamente rotas, incluso con los hijos", por lo que el decanato de València quiere realizar una evaluación para plantear a la Conselleria de Justicia una colaboración de este tipo, en la que se implican, además de los jueces, los gabinetes psicosociales.