La prisión permanente revisable vuelve a someterse a debate en el Congreso de los Diputados en una semana muy difícil.

Este jueves, en pleno desenlace trágico del caso de Gabriel Cruz y tras las reuniones de algunos grupos con los padres de Diana Quer y Mari Luz, los diputados discutirán y votarán las enmiendas a la totalidad de la proposición de ley que el PNV presentó para intentar derogar la medida. La división entre los partidos es patente y el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado.

A día de hoy, la prisión permanente revisable se fija en ocho casos, entre ellos, los asesinatos múltiples, los perpetrados por terroristas, los crímenes a menores de 16 años o aquellos en los que el condenado, además de asesinar, haya violado a su víctima. Hace solo unos días, sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para ampliar el número de delitos contemplados.

La medida vio la luz, dentro de la reforma del Código Penal, en marzo de 2015 y con el apoyo en solitario del Partido Popular y UPN. Fue impulsada por el Ministerio de Justicia, primero con Alberto Ruiz Gallardón y después con Rafael Catalá; entonces los populares contaban con mayoría en ambas cámaras. Toda la oposición —el diputado de Foro Enrique Álvarez y el de Amaiur Rafael Larreina se abstuvieron— la rechazó en bloque por considerarla una cadena perpetua.

Las posturas de cara al debate de este jueves de los principales partidos son:

PNV

Hace ya dos años, los nacionalistas vascos presentaron una proposición de ley que el pleno debatió y tomó en consideración el pasado mes de octubre con el apoyo de toda la oposición, a excepción de Ciudadanos, que optó por abstenerse. El PP, UPN y Foro se manifestaron en contra. Tres ministros, la vicepresidenta y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre otros, faltaron ese día a la sesión.

En opinión del PNV, la inclusión en el Código Penal de la prisión permanente fue "una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978... pero no está justificada desde razones de política criminal".

Reclaman derogarla porque consideran que es de "dudosa constitucionalidad", que no es idónea ni proporcional, que no fue demandada por nadie y que su aplicación "erosiona" los principios de reinserción de los encarcelados.

Partido Popular

No solo siguen defendiendo su medida estrella porque, en su opinión, da "seguridad" a los españoles, sino que han presentado una de las dos enmiendas a la totalidad a la proposición de ley del PNV. Proponen ampliar los supuestos.

Los populares defienden que se pueda castigar con esta medida también a violadores en serie, a secuestradores que acaben con la vida del rehén, a quienes atenten contra infraestructuras clave, a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo, a condenados por abusos sexuales contra menores secuestrados, a los que causen incendios con peligro para la vida o a los que usen elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha reclamado a la oposición "responsabilidad" y también que reflexione sobre no apoyar la derogación para casos especialmente "espeluznantes". Ha afirmado que el PP no entiende por qué algunos partidos quieren acabar con la medida cuando, según las encuestas, un 80% de la sociedad está de acuerdo con ella.

Ciudadanos

El partido de Albert Rivera es el que más bandazos ha dado en este asunto. En el frustrado acuerdo de legislatura que firmaron en 2016 con el PSOE, pidieron la "derogación inmediata" de la prisión permanente revisable; un año y ocho meses después, se abstuvieron al votar la toma en consideración de la proposición de ley del PNV y acusaron al PP de "demagogia punitiva"; ahora han presentado su propia enmienda a la totalidad.

Sin tocar los actuales supuestos de aplicación, proponen dificultar el acceso al tercer grado penitenciario de los presos condenados con prisión permanente o por delitos de especial gravedad: quieren el cumplimiento efectivo de 20 años de condena, el mismo periodo fijado para los terroristas. Asimismo, contemplan permisos ordinarios de salida a partir de los 15 años.

Rivera ha pedido al PSOE no legislar "en caliente" y esperar a que el Constitucional —recurrieron PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y Grupo Mixto— se pronuncie. El político no se ha pronunciado en público y de forma individual sobre si apoya o no la medida, aunque Juan Carlos Quer, padre de la joven asesinada, desveló hace unos días que a él le había dicho que sí, que "inequívocamente" la apoyaba "como concepto".

PSOE

El PSOE fue uno de los partidos que recurrieron la medida ante el TC y la vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha confirmado que, aunque esperan también al tribunal, sus diputados votarán en contra de las enmiendas de PP y Ciudadanos. En su opinión, la prisión permanente revisable es "inconstitucional" y las penas de prisión, según la Constitución, tienen la "finalidad de la reinserción social".

"No se puede legislar en caliente, ni juzgar en caliente", ha dicho, añadiendo que si el TC no les da la razón, el partido no tiene intención de abrir un proceso de reflexión sobre su postura, pues esta se fundamenta en "profundos valores democráticos".

Unidos Podemos

El grupo también está en contra de la medida y la considera una "cadena perpetua". La portavoz en el Congreso, Irene Montero, apuesta por soluciones "eficaces" y cree que la prisión permanente revisable "no lo es". Aunque se reafirma en que esta es la posición que siempre ha mantenido Podemos sobre este tema, ha garantizado que escucharán a las familias de las víctimas.

Otros

Coalición Canaria está en línea con el PP, y así se lo habría trasladado a los padres de Diana y Mari Luz, aunque el pasado febrero se abstuvo a la hora de apoyar una moción en el Senado en defensa de la prisión permanente que los populares lograron sacar adelante. ERC ya presentó en su día una proposición no de Ley que obligó al Congreso a pronunciarse y pedir al Gobierno la derogación desde la comisión de Justicia.