La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado su dimisión tras verse acorralada por los escándalos del máster de la URJC y el vídeo en el que es registrada por la seguridad de un supermercado en 2011 debido al supuesto robo de cremas.

Ha anunciado su "renuncia" al cargo —no a la presidencia del PP regional ni a su acta de diputada en la Asamblea— porque considera que "es lo mejor para todos". Cifuentes ha dicho que todo forma parte de "una campaña que dejó de ser política para ser personal".

"He sido investigada durante años", ha denunciado la dirigente popular, añadiendo que el vídeo "obedece a una situación de un error involuntario" y "ha sido utilizado para ir más allá de lo político"; "se han traspasado unas líneas rojas evidentes", ha apuntado.

La presidenta madrileña ha admitido "errores" pasados, pero ha señalado que toda su vida se ha puesto hoy "en tela de juicio" y que no es la primera vez que sufre una "extorsión" con estas imágenes. "Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por importe de 40 euros; me lo dijeron a la salida, los aboné en su momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia", ha insistido.

Asimismo, ha insistido en que esto es consecuencia de su "tolerancia cero" con la corrupción, un argumento que ya utilizó cuando se defendió en la Cámara regional de las informaciones sobre las supuestas irregularidades del máster que cursó en la URJC. Cifuentes ha justificado que su renuncia tiene también como objetivo evitar que "la izquierda radical" gobierne en la región y "ponga en riesgo" la gestión de su mandato.

Cifuentes ha dimitido en una comparecencia sin preguntas tras reunirse de urgencia con su equipo para abordar el asunto; este miércoles no tenía programado ningún acto en su agenda oficial, pese a que en los últimos días sí que había recuperado el ritmo de los meses previos.

Su intención, de hecho, era presidir los actos del próximo 2 de mayo, la fiesta grande de la región. En el PP nacional daban ya por hecho su renuncia poco antes de su comparecencia, de hecho, minutos antes de la comparecencia se conocía que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había acudido en persona a la sede de la Comunidad de Madrid.

El vídeo ha sido la puntilla para la toma de esta decisión. En 2016, El Español ya informó sobre su existencia y lo enmarcó dentro de la supuesta elaboración de un dossier por parte de los rivales del Cifuentes, dentro su propio partido, para laminar su candidatura a las elecciones autonómicas de 2015.

Según este diario, Cifuentes fue espiada meses antes de los comicios por un despacho de abogados, que recibió el encargo de seguir a la entonces delegada del Gobierno y recabar información "comprometedora" con el fin de filtrarla a los medios. El equipo de la dirigente popular habría frustrado la operación.

"Todos ustedes saben que yo he sido espiada, investigada, que se han hecho dossieres contra mi persona, y algunos circulan por las redacciones. Antes, mientras era delegada del Gobierno, y no sé si también mientras he sido presidenta", ha asegurado Cifuentes en su comparecencia.

Entre otras cosas, la estrategia, supuestamente, "consistía en que sus rivales expandieran entre los círculos políticos y mediáticos el rumor de que la actual responsable del PP madrileño arrastraba un problema de cleptomanía", añade, para a continuación citar la existencia del vídeo.

El medio que ha difundido el vídeo ahora, OK diario, es el mismo que el pasado 17 de abril publicó la carta en la que Cristina Cifuentes anunciaba su renuncia a la "utilización del título" de máster que obtuvo en la URJC gracias a un supuesto trato de favor.

Justo antes de la dimisión, fuentes próximas a la dirigente madrileña enmarcaban la información sobre el vídeo en la "campaña" contra Cifuentes que comenzó, aseguran, con la publicación de las falsificaciones de las notas de su máster.

El vídeo del supermercado data de 2011. La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, dicta que estos tienen que ser eliminados en un mes a contar desde su captación.