La violencia de género fue el segundo motivo de las detenciones practicadas por la Policía Local de València durante el pasado año 2017, solo superadas por las relacionadas con la seguridad vial. Los 247 arrestos efectuados por los agentes de este cuerpo policial ponen de manifiesto la magnitud de un problema "gravísimo" en la ciudad y están relacionados tanto con agresiones hacia mujeres como con incumplimientos de órdenes de alejamiento.

Así lo ha revelado este miércoles la concejala de Protección Ciudadana del Ayuntamiento, Anaïs Menguzzato, al realizar un balance sobre las actuaciones de la unidad GAMA (Grupo de Atención a los Malos Tratos), una división específica de la Policía Local que desde 2016 está especializada en los casos de violencia machista, pero también atiende otros tipos de violencia intrafamiliar.

Según este documento, durante el pasado año los juzgados dictaron en València 1.289 órdenes de protección (un 4,1% más que en 2016), de las que 1.066 fueron para mujeres víctimas de violencia de género (un 5,7% más), 97 para víctimas de violencia doméstica (aquella que se produce en el seno de la familia, pero no es de género), 12 relacionadas con víctimas de violencia sexual (cometida por familiares o conocidos) y 111 relacionadas con otros motivos, como amenazas o coacciones. Del total de órdenes de protección, la Policía Local asumió el 50% y la Policía Nacional el otro 50%. Respecto a las detenciones, la cifra de las 247 practicadas en 2017 es inferior a las 299 de 2016.

Según Menguzzato, la evolución es especialmente significativa si se compara con datos de hacer una década. Por ejemplo, en 2008, se dictaron unas 1.800 órdenes de protección. "No es que haya más casos de violencia de género, sino que la policía, la justicia y la administración se acercan más a las víctimas, por ejemplo desde los centros de salud, y eso hace que se denuncie más". Además, para valorar las cifras de denuncias hay que tener en cuenta los cambios legislativos y los incrementos de recursos por parte de las administraciones, añade.

Por primera vez, se ha incluido en la estadística del proceso el seguimiento desde que se produce la denuncia por parte de la mujer víctima de violencia machista, y no solo desde que se dicta la orden judicial de protección, como sucedía antes. "El Grupo Gama hace el seguimiento de la mujer si se siente acosada y ya no es necesaria la orden de protección", explica la concejala.

De hecho, uno de los mecanismos que ofrece este grupo es el acompañamiento, que en el 80% de los casos es en sede judicial. El llamado "agente protector" acude con la víctima al juzgado "para que no esté protegida del agresor, sino también de un entorno hostil que en ocasiones son los estamentos judiciales, burocráticos o médicos", afirma Menguzzato. El pasado año, los acompañamientos se multiplicaron casi por tres, al pasar de 280 a 650. El objetivo de esta práctica es combatir la soledad de estas mujeres y conseguir que haya menos retiradas de denuncias.

En este sentido, también se practicaron 126 diligencias de prevención, frente a las 44 de 2016. Este mecanismo consiste en acumular pruebas sobre posible acoso cuando la mujer no se atreve a denunciar, que la Policía Local envía a la Policía Nacional y que posteriormente pueden ser incorporadas a una causa como antecedentes.

Menguzzato ha hecho una "muy buena valoración" de la exclusividad de este grupo policial especializado, formado por unos 48 agentes, al que espera incorporar hasta tres más a partir del 4 de mayo, con la llegada de más policías tras las oposiciones.

Otra de las patas del Grupo Gama es la prevención y la sensibilización. El año pasado participaron en estas actividades unos 3.000 alumnos de la ciudad de València, y la intención de la máxima responsable de Participación Ciudadana es impulsar este ámbito también con formación específica en la Policía Local, así como incrementar la detección de casos de violencia de género en centros de salud. El año pasado hubo 21 casos derivados de centros sanitarios tras avisos médicos por violencia de género en el departamento de salud de La Fe, el único que actualmente dispone de este protocolo, que se pretende ir ampliando progresivamente.