Algunas economías domésticas sufren mucho al enfrentarse a final de cada mes a la factura de la luz. Es precisamente para estos consumidores más vulnerables para los que se aprobó el pasado octubre en Consejo de Ministros el nuevo bono social eléctrico. Un mecanismo que ya se puso en marcha en 2009 pero al que se le ha decidido reformar su normativa y sus medidas de protección para dar mejores prestaciones a los ciudadanos en peores situaciones.

Para que sea considerado como tal, se debe acreditar una renta igual o inferior a 14 pagas de 806 euros. En el caso de que tenga un hijo a su cargo, la cuantía máxima es de 1.074 euros y 1.343, si tiene dos menores bajo su responsabilidad. El límite máximo de renta para percibir este bono se incrementará en caso de que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior a 33% o sea víctima de violencia de género o terrorismo. Las familias numerosas y los pensionistas con retribución mínima también podrán optar a ello.

En caso de que los ingresos del ciudadano no lleguen al 50% de los fijados anteriormente para el consumidor vulnerable, se consideraría a este como consumidor vulnerable severo.

Se haría sobre la factura desde el primer día de facturación en el que se reciba la solicitud. Puede ser tanto un descuento del 25% para el consumidor vulnerable, como de un 40% para el vunerable severo. En el caso de estos últimos, se puede llegar hasta el 50% si está siendo atendido por los servicios sociales y está en riesgo de exclusión.

Las personas que quieran pedir este bono, lo pueden hacer de distintas maneras... todas ellas acudiendo a su comercializador de referencia ya sea por teléfono, fax, correo electrónico, correo postal, página web o en sus propias oficinas. Para ello, se tendrá que rellenar el formulario de solicitud que se encontrará disponible en la página web del comercializador.

El comercializador de referencia dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles para comunicar la resolución de la solicitud al ciudadano. De ser denegada, el consumidor podrá reclamar ante los servicios de consumo correspondiente para conseguir el bono.

Se aplicará durante el plazo de dos años, salvo que se produzca la pérdida de alguna de las condiciones necesarias que anteriormente se hayan expuesto como requisitos.

La renovación de este bono se puede solicitar presentando el documento con una antelación mínima de 15 días hábiles antes de la finalización de ese período de dos años. En caso de volver a cumplir los requisitos exigidos anteriormente, se otorgará el derecho a seguir percibiendo el bono social durante el plazo de dos años adicionales. De esta misma manera, podrá solicitarse sucesivamente en tanto que se mantengan los requisitos que dan derecho a dicho bono.

La reforma de este bono también ha introducido novedades en el caso de los impagos de las facturas. Un ejemplo sería que las compañías comercializadoras no podrán eliminar el suministro a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Otro de los casos sería el de los consumidores vulnerables, para los que ahora el plazo para cortarles la luz pasa de dos a cuatro meses.