El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia ha acordado este lunes el cierre "ordenado" de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos.

Así lo ha anunciado la presidenta en funciones de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, tras la reunión del equipo de gobierno que iba a convocar la junta de portavoces para la celebración, previsiblemente esta semana, del pleno donde se hará efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación a raíz de su investigación en la operación Alquería.

El cierre de Divalterra, para el que no ha concretado fecha, se abordará "con todas las garantías jurídicas que hagan falta y los informes necesarios".

La presidenta en funciones ha comentado que la idea es ir vaciando de competencias esta entidad en favor de la Corporación provincial y de otras administraciones como la Generalitat. Igualmente, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y trabajadores porque sus derechos "nunca serán vulnerados".

Divalterra cuenta actualmente con unos 700 trabajadores y nació para la gestión forestal y las iniciativas de empleo local y rural en la provincia de Valencia.

Amigó ha añadido que en el consejo de administración que está previsto celebrar en Divalterra en breve, se producirá "el cese de los cogerentes y el secretario" de este órgano, --Agustina Brines (ya cesada por Compromís), Xavier Simó y Jorge Cuerda, respectivamente--, igualmente detenidos en la operación Alquería.

Operación Alquería

En esa operación se detuvo a Rodríguez y a cinco cargos más de la Diputación por las sospechas en torno a varios contratos de alta dirección en Divalterra, que quedaron en libertad pero siguen investigados judicialmente por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

A raíz de esa operación el PSOE suspendió de militancia a Rodríguez, a quien el PSPV también apartó de sus cargos orgánicos, y llevó al también alcalde de Ontinyent a renunciar a la presidencia de la Diputación y al acta de diputado provincial, así como a la delegación temporal de funciones en su Ayuntamiento mientras dure la investigación judicial, declarada secreta.

Respaldo al nuevo presidente

Amigó también ha manifestado su decisión de respaldar al candidato socialista y diputado de Hacienda, Toni Gaspar, como nuevo presidente de la institución provincial. Estas medidas se han planteado este lunes en la reunión mantenida por el equipo de gobierno conformado por PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú, para abordar cuestiones tras la renuncia de Rodríguez al cargo tras su detención y puesta en libertad con cargos en la operación Alquería.