El cambio de color político en el Gobierno central ha significado un nuevo equilibrio de fuerzas en la Comunitat Valenciana, no solo institucional, sino también orgánico, en el propio seno del PSPV-PSOE. Prueba de ello fue la designación de Juan Carlos Fulgencio, secretario general socialista en l'Horta Nord y afín a José Luis Ábalos, del sector enfrentado a Ximo Puig, como delegado del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana.

El nuevo delegado ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en un desayuno informativo en el que ha desgranado las principales líneas de actuación de su departamento. Una de las palabras más prounciadas ha sido "diálogo" y, en este sentido, Fulgencio ha afirmado que existe una "excelente relación" entre el Gobierno de España y la Generalitat valenciana.

No obstante, ha enfriado las esperanzas de un cambio a corto plazo en la reforma del modelo de financiación, al afirmar que, pese a tener claro que la Comunitat Valenciana "está mal financiada", hay discrepancias en el "camino a recorrer" ya que, en su opinión, hay que incluir a todos los actores, no solo comunidades, sino también ayuntamientos, para alcanzar una solución definitiva y duradera en el tiempo que vaya acompañada de una redefinición del modelo territorial español.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno levante los vetos a leyes valencianas recurridas por el Gabinete de Rajoy ante el Tribunal Constitucional, tal y como se comprometió este lunes el presidente Sánchez con su homólogo catalán, Quim Torra, Fulgencio ha afirmado que los textos "se están analizando" y "las que se puedan se retirarán". No obstante, también ha afirmado que "habrá algunas cuestiones que habrá que retirar" y ha calculado en torno al 60-80% los contenidos que podría asumir el Ejecutivo central, por lo que los acuerdos deberían adoptarse en las comisiones bilaterales.

Fulgencio ha citado leyes como la de Función Social de la Vivienda o la del Taxi, aunque también hay posibles discrepancias sobre la de Pobreza Energética o la de Plurilingüismo, entre otras.

En materia de infraestructuras, ha expresado su "compromiso total y absoluto" con el Corredor Mediterráneo, y ha criticado la falta de un "discurso claro" en la etapa anterior en cuanto a las necesidades. En el caso del área metropolitana de València, ha enumerado problemas derivados de su "falta de estructura", como las malas conexiones con Cercanías, los accesos al polígono Fuente del Jarro, al aeropuerto, o el caso de la autovía V-21.

En este último asunto, ha afirmado, en referencia a las protestas por su afección a la huerta, que los proyectos "no se pueden parar" y ha anunciado una comisión conjunta con la Generalitat para permitir mejoras, aunque también ha afirmado que municipios como Alboraya tienen "una visión distinta" a la de la ciudad de València en cuanto a los accesos a su término municipal. Respecto a la demanda del Consell para construir accesos a la autopista AP-7 una vez sea liberada del peaje, ha dicho que es "viable" ejecutar obras para siete accesos mediante 10 actuaciones, aunque desconoce el importe de la inversión, que la Generalitat cifra en 220 millones de euros.

Preguntado por los centros de internamiento de extranjeros (CIE), ha manifestado que las condiciones en las que se encuentra el de Zapadores, en València, son mejores que las de las dependencias policiales contiguas y que, ideológicamente, al PSOE no le gustan los CIE, pero en su configuración entran en juego factores como la defensa nacional o la seguridad.

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha valorado el diálogo que ha iniciado el Gobierno de España con Cataluña, pero ha subrayado que "en ningún caso" aceptará que se otorgue "ningún privilegio de nadie" porque "el problema territorial en España no es solo Cataluña". Así lo ha indicado Puig este martes al ser preguntado por la reunión que mantuvieron Sánchez y Torra, y si "teme" que pueda ver "concesiones y privilegios" a esta autonomía a costa de otras. Ha insistido en que la posición de la Comunitat Valenciana es "positiva" y busca "intentar mejorar la convivencia", pero sin que se produzca "ninguna situación de privilegios", sino para "superar" los que ya existen en el sistema de financiación o en otras percepciones, ha apostillado.