España está lejos de cumplir las buenas intenciones de descarbonización del país que se prometen cada año, con cada Gobierno, en cada legislatura. Si las emisiones han caído en las últimos años ha sido más bien por el impacto de la crisis. Pero políticas verdes, muy pocas.

"Hemos mejorado muy poquito desde 2010 en todos los indicadores y esto es muy preocupante para cumplir los objetivos para 2030 que impone Bruselas", explica Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y uno de los dos expertos que, junto a Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, ha presentado hoy el primer Barómetro de Transición Energética en España elaborado por Economics for Energy.

Las cifras son desalentadoras. El barómetro muestra que el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero cayeron a principios de esta década por la crisis económica —que redujo la actividad productiva— pero una vez solventado el bache volvieron a los mismos valores que en 2010. "Ese retroceso descarbonizador se agrava por la reducción acusada de la generación hidráulica en 2015 y 2017 por la sequía y el aumento del uso del carbón para producir electricidad", dicen.

La consecuencia, según este centro de investigación energética, es que España podría cumplir el objetivo de emisiones en 2020 —ahora son un 21% inferiores a las de 2015— pero las va a pasar canutas para rebajarlas al límite dibujado de 2030: un 43% menos de gases contaminantes en la industria respecto al año 1990 y un 26% menos en el sector residencial y en el transporte.

"Debemos acelerar hacia una hegemonía de las energías limpias porque en descarbonización casi no hemos hecho nada", lamenta Linares. Los datos del barómetro, de hecho, ponen de manifiesto una descarbonización inferior a la media de la UE. ¿Los motivos? "No se han tomado decisiones valientes en los últimos años, quizás porque durante la crisis la reducción de emisiones no resultaba prioritaria y la obsesión era bajar los costes para la ciudadanía".

El informe mira esos precios y concluye que de 2010 a 2014 se encareció la luz y el gas ("particularmente para los hogares por la recuperación del déficit de tarifa en las facturas"), pero desde entonces mejora la asequibilidad de la energía hasta la media de la UE por la caída del petróleo, un crudo que ahora parece caro (73 dólares/barril) pero que llegó ese año a superar los 110. "Además, tras la crisis, la demanda se ha retenido y el gasto se realiza con mayor eficiencia energética".

Los investigadores ven  potencial para reducir emisiones hasta 2030 a un coste razonable. Y eso pasa por los impuestos. "La política fiscal no es suficiente, pero es necesaria porque se ha mostrado siempre muy efectiva", dice Labandeira mientras recuerda que fue precisamente la fiscalidad la que dieselizó hace años el parque de vehículos en España. "Que la nueva ministra diga que los impuestos jugarán un papel fundamental, es bienvenido", dice este experto de la Universidad de Vigo.

Pero solo con impuestos no vale. Labendeira y Linares proponen, además, subvencionar la retirada de los coches más contaminantes para que en diez años, que es la vida media de un coche en España, se de la vuelta a todo el parque automovilístico español. Algo necesario porque el 40% de las emisiones contaminantes procede del transporte. "Esta medida sería útil porque sus propietarios son precisamente los que tienen las rentas más bajas", dicen.

Hay dos sugerencias más. Una, obligar a los edificios a tener el certificado energético, "no solo como requisito para venderlo, como pasa ahora", dice Linares. La otra medida sería el cierre definitivo de las centrales de carbón. Una medida que lleva pidiéndose años pero que, según el Gobierno anterior, elevaría el coste de la factura eléctrica para los hogares. "El coste que tiene cerrarlas es menor que el coste de cerrar las nucleares", niegan los expertos de Economics for Energy.

"Además no podemos lograr un win-win de todo a la vez: menos emisiones y menos precio. Las tiritas deben ponerse además después de las heridas, no antes", apunta Labandeira sobre el papel que tendría el Gobierno en atenuar la subida de la factura a los colectivos más vulnerables. "No hay que escandalizarse si durante la descarbonización de la economía aumentan un poco los precios, es un error llevar este debate a que la energía debe ser lo más barata posible", zanja Linares.

Pero para tomar todas estas medidas hacen falta consensos políticos, dicen en. "No sirve de nada mover impuestos ahora o aprobar la Ley de Cambio Climático [el borrador estará disponible antes de acabar este año] si solo va a durar dos años", anota Labandeira. "Hay que pensar en acuerdos a largo plazo que vayan más allá de una legislatura particular".