El avance del ladrillo en las costas está arrasando con todo. También con los recursos naturales que proporciona el litoral. Así lo señala el informe A Toda Costa, elaborado por Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad.

El informe arroja el siguiente dato: el 80% de los recursos ambientales que provee la costa están degradados debido a la urbanización masiva. Concretamente, en los últimos 30 años (desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988), la superficie de costa urbanizada se ha duplicado, pasando de 240.000 a 530.000 hectáreas, lo que supone que un 13,1% de la costa española está urbanizada frente al 2% del interior del territorio nacional.

Los ecosistemas costeros proporcionan bienes y servicios ambientales claves para el desarrollo económico y social: seguridad alimentaria, I+D o turismo, entre otros. También son la tabla de salvación para adaptarnos a los impactos del cambio climático en el litoral, en un contexto de eventos climáticos extremos: generan lluvias para frenar el avance de las sequías, al tiempo que funcionan como amortiguadores de inundaciones y controlan la erosión del suelo.

La urbanización del suelo y la destrucción de sus ecosistemas se concentra en el Mediterráneo y Atlántico sur, especialmente en las provincias de Barcelona (40,9%), Málaga (26,2%) y Alicante (28,5%). Tampoco dentro de cada región se distribuye por igual: la transformación es más intensa cerca del mar. Así, un 36,5% de la línea de playa está urbanizada en España y más de un tercio de los ecosistemas colindantes han sido destruidos por la acción humana.

Si el ránking se hiciese por comunidades autónomas, Cataluña ocuparía el primer puesto (26,4%), Comunitat Valenciana el segundo (23,1%) y Andalucía el tercero (15,4%).

Por su parte, Galicia (8,4%), Illes Balears (7,2%) y Asturias (6,7%) son los tres territorios con menor porcentaje de paisaje costero degradado.

La pérdida más alarmante de servicios ambientales corresponde a la superficie ocupada por cultivos y pastizales (-13,1%), principales generadores de alimentos. Esto a su vez indica un cambio en la actividad económica y de usos del suelo que se caracteriza por un abandono de las actividades agrarias ligadas al mundo rural, en favor de una economía basada en el turismo.

La reducción de un 10,6% de la vegetación de la ribera de los ríos y otros cauces de agua también acarrea un grave riesgo, ya que incrementa la indefensión de la población frente a eventos climáticos extremos. Las lluvias torrenciales, que descargan miles de litros rápidamente, con un terreno yermo sin vegetación o incluso urbanizado en zonas inundables son un peligro para la seguridad ciudadana.

Otros servicios ambientales que también se pierden son: la capacidad de extracción de sal de las salinas (que albergan gran biodiversidad), la capacidad de generación de lluvias por la pérdida de bosques y humedales (que aportan agua de evaporación a la atmósfera) y la capacidad de disfrute al aire libre (deportes de montaña, senderismo, educación ambiental, investigación...).