El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Guardia Civil retirar el borrador de orden general con el que pretendía regular el atuendo y el comportamiento de los guardias y que, entre otras medidas, prohibía los tatuajes y fumar durante el servicio.

Marlaska, según fuentes de Interior, ha pedido que se redacte otro texto por el necesario acuerdo mayoritario de las asociaciones de la Guardia Civil. Fuentes del instituto armado han añadido que el director general, Félix Azón, ha dado instrucciones para que se ampliaran los plazos de presentación de alegaciones a la norma, con la idea de intentar llegar al máximo consenso, al tratarse de un asunto que requiere regulación, pero "con calma y buscando consenso".

Las asociaciones profesionales de guardias civiles abrieron la posibilidad de recurrir a la vía judicial para frenar el borrador de texto normativo en el que, entre otras medidas, se prohíbe la exhibición de tatuajes o se impide fumar a los agentes durante "la práctica totalidad del servicio". La interpretación de los agentes es que la norma que se pretende aprobar además "un único modelo de peinado para hombres y mujeres" y prohíbe "más de un anillo o una pulsera".

Esas asociaciones habían anunciado este mimso martes su intención de recurrir a la vía judicial si no se retiraba el texto que les hizo llegar la Dirección General de la Guardia Civil. Tras conocer la decisión de Interior, han mostrado su satisfacción por la apuesta por el diálogo y el consenso y han pedido que se deje a las asociaciones que aborden con responsabilidad y sentido común una norma "que suscita mucha polémica".

La orden de "policía personal y aspecto físico" buscaba fomentar la imagen de neutralidad de los agentes a partir de una serie de normas sobre el aspecto físico y sobre su trato con la ciudadanía. En uno de los asuntos que más debate ha generado, el de los tatuajes, el borrador prohibía que fueran visibles, de modo que los guardias tenían que taparlos o someterse a intervenciones para su eliminación en el plazo de tres meses.

Un texto aún más restrictivo que el anterior

La anterior dirección ya presentó un borrador que generó mucha polémica, por lo que la nueva convocó a las asociaciones a un grupo de trabajo. Sin embargo, el borrador que les enseñaron ayer y que se pretendía aprobar es "incluso más restrictivo" que en versiones anteriores, denunciaron las asociaciones, que anunciaron que lo llevarían a la vía judicial para evitar que se afectaran los derechos fundamentales y libertades públicas de los guardias civiles.

Cinco asociaciones (AUGC, AEGC, Unión GC, ASESGC y APCGC) firmaron ese escrito y una carta dirigida al director general del cuerpo, Félix Azón, tras la reunión ayer de un grupo de trabajo creado precisamente para debatir la orden sobre el aspecto físico y el trato con la ciudadanía de los agentes.

Para las asociaciones de la Guardia Civil, lo ocurrido demuestra "el inmovilismo y la falta de voluntariedad" de la Dirección General de la Guardia Civil y revela que "está todo el pescado vendido". Por ello, vieron motivos suficientes para rechazar de nuevo la norma e instar a la vía judicial si no se opta por el diálogo, para evitar que se afecten los derechos fundamentales y libertades públicas de los guardias civiles.