Doblemente castigados, teniendo que enfrentarse a la indefensión de las instituciones y con el reloj corriendo en su contra tras décadas de lucha. Así se sienten las víctimas de la trama de los bebés robados y así lo reiteraron en una mesa de diálogo entre asociaciones y partidos celebrada en el Congreso la víspera de que empezara el primer y único juicio por un caso de este tipo que se ha celebrado hasta el momento en España. Un juicio que este martes quedó visto para sentencia.

Los afectados salieron del encuentro en la Cámara baja, organizado por Unidos Podemos, con una lista de buenas intenciones por parte de todos los grupos parlamentarios. Pero están cansados de palabras y de medidas que han resultado insuficientes. Quieren saber la verdad, quieren reparación y quieren justicia. Y lo quieren ya.

¿Qué proponen las principales formaciones para ayudar a estas personas a encontrar a sus familiares y a conseguir que los responsables se sienten en el banquillo? E igual de importante, ¿cuándo estarán operativas esas soluciones?

Unidos Podemos, que quiere hacer de este asunto una cuestión de Estado, aboga por la promulgación de una "ley integral" que permita la modificación de normas que están obstaculizando los reencuentros entre quienes fueron sustraídos al nacer y sus familias biológicas. Es el caso de la Ley Orgánica de Protección de Datos, sobre la que el partido de Pablo Iglesias ha introducido una enmienda. "Ahora no permite consultar datos de fallecidos hasta cincuenta años después de la muerte. Hay personas que saben quién es su madre y que solo necesitan acceder a documentos del Ministerio de Economía pero al no ser hijos legalmente no les dejan verlos", pone como ejemplo el diputado David Carracedo.

Ciudadanos se muestra favorable a "una ley que ayude a estas personas, que aporte justicia y reparación a tanto sufrimiento" y sugiere partir del proyecto presentado por una de las organizaciones de afectados. "Es un buen comienzo que hay que pulir. Hay que ponerse a trabajar sobre ese texto, buscando el consenso de las asociaciones, para que sea un texto que las represente a todas", apunta el parlamentario Marcial Gómez.

El PSOE no se opone a esa legislación propia, pero recuerda que ya hay un capítulo dedicado al respecto en la Ley de Memoria Histórica, actualmente en proceso de reforma. "La investigación de los bebés robados debe ser una política pública", señala su secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló. "Lo introdujimos en la Ley de Memoria Histórica porque el grueso de los robos se produjeron durante la dictadura, pero el texto recoge que hay que investigar hasta 1995. Incluso yo lo ampliaría hasta 1999", defiende. No descarta que se haga una normativa específica si "el tema tiene más calado" y se logra un consenso: "Pero la filosofía no cambia. El procedimiento me parece bastante irrelevante. Lo relevante es que el Estado se haga cargo de las investigaciones".

Desde el PP, María Jesús Moro, también se muestra a favor de modificaciones legales, "bien mediante una ley transversal o con cambios puntuales donde tengan dificultades", y lamenta circunstancias como que Inés Madrigal tuviera que denunciar a su madre adoptiva para iniciar el proceso contra el doctor Eduardo Vela. La mayor discrepancia la plantea respecto a vincular esta cuestión con la memoria histórica: "Muchos de los supuestos se producen en democracia. Nada tiene que ver lo que pudo ocurrir entonces con lo que pudiera ocurrir antes. Este no es un fenómeno único y requiere normativas distintas e instrumentos legales distintos. La horquilla de tiempo es tan amplia que puede haber tramas diferentes con diferentes motivos".

Los cambios legislativos también pasarían por impulsar el acceso a los documentos sobre todo lo relacionado con el nacimiento de estos niños, o lo que es lo mismo, por "abrir los archivos", destaca Carracedo.

"Hay que hacer una normativa para obligar a la Iglesia, a los hospitales y a algunos cementerios a que abran esos archivos", incide el representante del PSOE, línea que comparte Ciudadanos: "Habría que establecer algún tipo de medida coercitiva porque el principal escollo sigue siendo el acceso a los registros. Ese acceso ayudaría mucho a facilitar esos reencuentros, lo que podría llevar a aportar nuevas pruebas para poder reabrir los casos que hayan sido sobreseídos".

En el PP coinciden en la exigencia de que "haya una respuesta uniforme de los organismos públicos para ofrecer a estas personas las pruebas que necesitan para el reencuentro".

Otro de los pilares fundamentales de la ley integral que plantea la formación morada sería un ente estable, que no dependa de los diferentes gobiernos, centralizado y con la participación de las víctimas e incluso de personal del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Tendría que disponer de un presupuesto propio, que Carracedo calcula en al menos cinco millones de euros el primer año, aunque reconoce que habría flecos por cerrar.

Este instituto contaría con un equipo para la investigación a través de los archivos; atención jurídica y psicológica a los damnificados; un cuerpo que actuaría de oficio, formado por medio centenar de agentes, entre guardias civiles, policías nacionales, mossos d'esquadra y ertzainas, y un banco de ADN, con acceso a pruebas "fiables y gratuitas" y que permitiera los cruces.

"Esta es la historia de muchas mujeres a las que se trató como locas, que tuvieron a sus hijos dos o tres días en la cama y a las que después les dijeron que no, que habían nacido muertos. Hay gente que ha empezado a investigar y que, al verse vulnerable, sin apoyo, se ha retirado. Otros se han gastado mucho dinero en análisis", relata el diputado para razonar la necesidad de las medidas que plantean, y que incluyen, si no una Fiscalía especializada, al menos sí un fiscal coordinador, "que unifique criterios y haga seguimiento de los casos".

El resto de grupos no descarta inicialmente la constitución de este instituto, aunque desde las filas populares exponen ciertas dudas: "Estamos dispuestos a trabajar por una coordinación inequívoca, pero a veces crear un organismo nuevo genera tantos gastos organizativos que no se corresponden con el resultado. No decimos que no de entrada, pero no tenemos clara cuál puede ser la figura final".

Los socialistas hablan igualmente de coordinación y la formación naranja puntualiza que, sin perjuicio de la existencia de un fiscal coordinador, "tiene que haber formación para todos los fiscales de las Audiencias Provinciales", dada la extensión geográfica de esta tragedia.

María Jesús Moro también cuestiona la necesidad de formar una comisión de investigación en el Congreso para tratar este tema como propone Unidos Podemos: "No nos negamos, pero me inclino más por crear un foro permanente de todos los grupos con las asociaciones, para que cada mes o cada dos meses intercambiemos cómo evoluciona lo que estemos impulsando los partidos y cuáles son las experiencias que están teniendo las víctimas".

La propuesta de la comisión tampoco ha calado en Ciudadanos, que argumenta que hay colectivos a los que no les parece buena idea y que podría suponer una "revictimización" de los afectados, al tener que volver a contar sus historias. Marcial Gómez considera que la iniciativa del foro "puede ser mucho más constructiva".

"Ponerse a investigar los diputados, ¿para qué? ¿Para concluir que ha habido niños robados?", se pregunta por su parte Andrés Perelló. "Hágase la ley de manera que el Estado se encargue de investigar", reitera.

Ante estas reticencias, la bancada morada defiende que se trata de una forma de obligar a los partidos a posicionarse "mientras el Gobierno toma medidas y se aprueba una ley". Su representante admite que tal vez sea un espacio "demasiado expuesto al escrutinio público", pero lo ve como una medida de presión eficaz.

Sentar ante la justicia a los responsables de esta trama es otra de las reclamaciones de las víctimas y aquí, junto a a la falta de pruebas por la imposibilidad de acceder a los documentos, se topan con la prescripción de los delitos.

"Si se han cometido hechos delictivos, el Código Penal tendrá que responder y los tribunales tendrán que aclarar un tema que hasta ahora ha sido el caballo de batalla. Nosotros estábamos esperando porque parecía que iba a haber algún pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo que unificara una doctrina. Establecer otra prescripción no siempre es posible. En el ámbito penal las normas no pueden tener carácter retroactivo", explica Moro.

Más sencillo lo ve Carracedo, para quien "lo que tiene que haber es una apuesta en las leyes que diga que robar un bebé no prescribe". "De hecho, no prescribe según los convenios internacionales que España tiene firmados. Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad", clama.

Estas y otras iniciativas que se puedan poner sobre la mesa están llegando con mucho retraso para las al menos 6.000 personas afectadas, muchas de avanzada edad. Esa cifra hace referencia a los casos que habría documentados de alguna manera pero las entidades han llegado a hablar de la existencia de hasta 300.000 víctimas.

El PP reconoce que se ha podido fallar en algunos momentos o que algunas cosas pueden no funcionar bien pero defiende que, dentro de la gran complejidad del problema, se ha avanzado "mucho". Unidos Podemos critica sin embargo cuestiones como que la oficina que se abrió con Alberto Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia no haga nada cuando recibe una negativa al intentar acceder a los registros ni tenga capacidad informática para cruzar los perfiles de ADN. "No ha habido ningún reencuentro de personas robadas a través de ella", lamenta Carracedo. 

En un horizonte más cercano, los dos últimos Presupuestos Generales han incluido sendas partidas de 100.000 euros. La primera, destinada a la creación de una plataforma tecnológica para investigar sobre perfiles genéticos, y la segunda, para la realización de pruebas de ADN. Se trata de cantidades mínimas pero que han servido para continuar dando visibilidad a este drama.

"Nadie ha querido reconocer que instituciones como la Iglesia o el Estado hayan tenido, por activa o por pasiva, participación en esto", responde Perelló sobre el desamparo que sienten los afectados. "No digo que la Conferencia Episcopal o el Vaticano lo supieran, pero sí había monjas, curas y casas cuna de por medio, por eso no se ha querido levantar", continúa y sí ve en este Gobierno voluntad para hacer frente al tema.

"Por lo que se vio en la mesa con las asociaciones, hay un interés verdadero por meterlo mano a este asunto por parte de todos los partidos de manera conjunta", comenta esperanzado Gómez.

Las cuatro principales fuerzas del arco parlamentario muestran su voluntad a actuar antes de que acabe esta legislatura, a la que como mucho le quedan dos años, y parecen convencidas de que se pueden vencer las diferencias y alcanzar un consenso. Las víctimas necesitan respuestas para dejar de sentir, no solo que el Estado les falló a la hora de evitar que se produjeran los robos, sino que también les está fallando ahora que intentan reunificar a sus familias.