Ya está aquí la vuelta al cole. El curso escolar 2018/2019 arranca en la Comunidad de Madrid (este viernes en los colegios y el próximo lunes en los institutos) con más alumnos, más profesores y nuevos centros, pero irremediablemente marcado por el retraso en la ejecución y mantenimiento de decenas de infraestructuras educativas y por el incumplimiento de la Ley de Gratuidad de Libros de Texto, aprobada en junio de 2017 por unanimidad en la Asamblea.

La demora en la construcción y mejora de infraestructuras es ya un clásico de septiembre. Este año, el Gobierno regional ha reconocido que habrá unos 800 alumnos afectados por el retraso en la finalización de aulas, lo que provocará que tengan que dar clases en espacios que no están pensados para la docencia como el comedos o los pasillos. Los centros afectados son los colegios Alfredo di Stéfano (Madrid), El Bercial y Miguel de Cervantes (Getafe) , Héroes del 2 de Mayo (Colmenar Viejo) y los institutos Gonzalo Chacón (Arroyomolinos), Neil Armstrong (Valdemoro) y Gregorio Peces-Barba (Colmenarejo).

Desde Educación achacan esta situación a que las constructoras no han cumplido los plazos en algunos casos y recalcan que "este año todos los alumnos que obtuvieron plaza están escolarizados. No hay ninguno que esté desplazado".

Los padres están muy molestos y creen que la Comunidad debe poner las pilas ya de una vez por todas con este asunto. "La mala planificación y el peor seguimiento de las obras hará que miles de alumnos sufran aún obras en sus centros con el curso empezado y tengan que dar clases en espacios no ducativos, como el comedor o los pasillos", se queja Camilo Jené, presidente de la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos) Giner de los Ríos, que asegura que el número de alumnos afectados es muy superior a 800. "En el colegio Tempranales (Sanse) los alumnos darán clases mientras se está construyendo un edificio", denuncia Jené. Pero no solo hay demoras de construcción. Decenas de colegios de la capital no acabarán a tiempo trabajos de mantenimiento (mejora de suelos, pintura...), cuyo responsable es el Ayuntamiento, que ya ha dicho que lo que queda pendiente no afectará a las clases. El PSOE denunció que hay 70 centros en esta situación, como el CEIP Francisco Fatou (Villa de Vallecas).

El retraso en la puesta en marcha de la Ley de Gratuidad de Libros de Texto también ha supuesto un palo para los padres. La norma tendría que haber beneficiado a los alumnos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica de centros financiados con fondos regionales (públicos y concertados) desde este curso pero su aplicación se retrasó al 2019/2020. Suponen más del 50% del total de alumnos escolarizados.

Educación explica así la razón por la cual la ley no se aplica desde el presente curso: "Los centros serán los encargados comprar los libros, como establece la Ley 10/2017. Pero con la Ley de contratos del sector público, que fija en 15.000 euros el contrato menor, no se les puede garantizar la máxima seguridad jurídica. La Comunidad está desarrollando un Acuerdo Marco que permita la compra. El acuerdo permitirá que los centros realicen compras de libros superiores al contrato menor". En su lugar, el Ejecutivo ha optado por ampliar de seis a 22 millones un programa de préstamo de libros para colectivos con menor renta económica que beneficiará a 150.000 alumnos.

"En lugar de ayudar a los padres y a las madres de la región, el PP ha condenado a las familias a tener que volver a comprar los libros de texto y hacerles más difícil la cuesta de septiembre", opina Ignacio Aguado, portavoz en la Asamblea de Ciudadanos, partido impulsor de la ley. La FAPA Giner de los Ríos calcula que el gasto en libros de un alumno de Secundaría ronda los 400 euros y acusa al Ejecutivo de "saltarse la ley".

El curso escolar empieza con 1.213.539 alumnos escolarizados en la región (16.000 más que en el curso anterior), 51.000 profesores, (800 más ) y 13 nuevos centros educativos (siete colegios y seis institutos).