La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha tachado este martes de "instrumental" la demanda presentada en Bélgica contra el juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena, porque pretende "cuestionar la soberanía jurisdiccional de España", y ha garantizado que actúa para defender "los intereses del Estado".

Delgado ha defendido su gestión en el caso, cuestionada por el PP, que ha pedido su cese, en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha asegurado que todos los pasos que ha dado han tenido como objetivo "la defensa de la soberanía de jurisdicción". Ha dicho que "desde el primer momento" actuó para defenderla y que un "exceso de transparencia" pudo contribuir a la polémica.

Lo ha hecho, ha afirmado, "en plena sintonía" con el Consejo General del Poder Judicial, que dio amparo a Llarena tras la demanda civil presentada en Bruselas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconselleres.

La ministra ha insistido en que siempre ha actuado con "absoluta responsabilidad" y transparencia ante un asunto que era jurídicamente "complicado" y que exigía prever todos los posibles escenarios para defender la integridad de jurisdicción de España y hacerlo "absolutamente bien para no tener un solo pero en un tribunal internacional".

"Falta de claridad"

Como autocrítica ha asumido "la falta de claridad" de la nota de prensa emitida el 23 de agosto, en la que se señalaba que se contrataría un bufete de abogados para defender "la soberanía e inmunidad jurisdiccional" de España en Bélgica, pero que "en ningún caso" para defender a Llarena por manifestaciones de carácter privado que se le atribuían en la demanda.

En ella, los procesados reprochan al juez unas declaraciones realizadas ante la prensa en un curso en Oviedo en las que, según los demandantes, el magistrado demostró su parcialidad.

El PP, Ciudadanos y las principales asociaciones de jueces cuestionaron la estrategia del Ministerio y Delgado ha lamentado que surgieran "muchísimas informaciones que generaron confusión y que no se ajustaban a las gestiones que se estaban desarrollando".

Ha querido dejar claro que su Ministerio no tenía que dar una respuesta política o de comunicación a la demanda, sino elegir la estrategia procesal adecuada "en defensa de los intereses de España y de su soberanía jurisdiccional".

Según su relato, el 10 de julio el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, informó al Ministerio del escenario que se abría con la demanda presentada en Bélgica, con un informe en el que se pedía actuar para defender al Estado y a Llarena y se advertía también de los "riesgos" de que el España se personara ante el tribunal belga.

"Imperiosa necesidad"

La advertencia de que si el Estado se personaba se podría interpretar como una renuncia a su inmunidad de jurisdicción se recogió en informes posteriores, en los que se coincidía en que la personación debía tener como único objeto hacer valer la inmunidad de la jurisdicción española, ha subrayado Delgado.

También fue recurrente en esos informes la propuesta de pedir al Gobierno belga que se personara ante el tribunal bruselense en defensa de la inmunidad jurisdiccional española, algo que hicieron tanto el Ministerio de Justicia como el de Exteriores.

Pero las autoridades belgas, ha señalado Delgado, rechazaron tanto personarse -"se trata de un mecanismo (...) que no está previsto entre Bélgica y Estados terceros"- como "acompañar" a España ante el tribunal de Bruselas, y le indicaron la "imperiosa necesidad" de que fuera el Estado español el que se defendiera personalmente.

"Lo que hemos pretendido en todo momento era defender la soberanía jurisdiccional de España y así lo hemos hecho en la manera que hemos crecido mejor desde el punto de vista jurídico", ha recalcado Delgado.