Este plan será articulado en torno a contratos de transición "pactados" que incorporen al mayor número de agentes de las administraciones locales posibles. Ribera ha explicado que este tipo de medidas ya se han puesto en marcha en otro países cercanos a España, como es el caso de Francia, Reino Unido y Alemania.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo "sólido" y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias "previas" y reactivar la agenda económica hacia la "transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular".

UN ACUERDO CON LA OIT PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA

Asimismo, la ministra ha comunicado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe "Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos", publicado en 2015, la OIT recogió una serie de conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra.

Ribera ha asegurado que "no tener estrategia es la peor de las opciones", por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el "éxito".

Uno de los apuntes que ha resaltado el Ministerio es que los empleos no se crean en los mismos sectores en los que se destruyen, por lo que una de sus líneas de acción estará dirigida a anticipar y optimizar los resultados en el empleo, lo cual precisará de la colaboración autonómica.