Así, además de incidir en la defensa de los consumidores y reconocer nuevos derechos y hábitos de consumo actualizados, la norma sustituirá a la ley autonómica sobre dicha materia y que data de 2001.

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Valentín García, quien ha subrayado que la ley en cuestión es "muy práctica" y supondrá una "extensión de derechos" a los consumidores, motivo por el cual se ha mostrado "convencido" de que podrá alcanzarse el "acuerdo" entre todos los grupos parlamentarios para su aprobación en la Cámara legislativa regional.

Tras destacar, igualmente, que en la fase de elaboración de la norma han participado las asociaciones de consumidores de Extremadura, el portavoz socialista ha explicado que la misma protegerá a los usuarios de "todos" los operadores sin presencia física en la comunidad.

También pretende introducir una "especial protección" de los habitantes de núcleos rurales y usuarios de servicios básicos; y permitirá la creación de una red extremeña de alerta de productos de consumo para ofrecer "rapidez en la información" ante cualquier situación de peligro en la materia.

Igualmente, la norma tipifica la "obsolescencia programada" en nuevos aspectos relacionados fundamentalmente con la Tecnología; y establece también que los consumidores no podrán ser incluidos en listas de morosos si mantienen abierta alguna reclamación ante los "poderosos productores de servicios".

Se introduce en la ley, además, el derecho de los "servicios de tracto sucesivos" con el fin de que "no" se vulneren derechos a los ciudadanos; y se actualizan igualmente las reclamaciones, infracciones y sanciones en la materia a la que se refiere la norma.

De igual manera, en virtud de la propuesta de ley planteada, se configura la comisión de consumo, donde estarán presentes todas las asociaciones de consumo, "toda la sociedad civil que tiene que ver con este sector", para alcanzar "la mejor defensa y como órgano consultivo máximo en esta materia del Consumo".

"Necesitábamos equilibrar la relación entre consumidor y gran proveedor porque hay un desequilibrio que siempre perjudica al consumidor", ha señalado Valentín García como elemento fundamental de la nueva norma.