El Parlamento Europeo desbloquea la directiva de 'copyright' y avala una 'tasa Google' y el control previo de contenidos

El Parlamento Europeo ha dado este miércoles vía libre a que se siga tramitando la polémica directiva europea de copyright, la norma que pretende adaptar la cuestión de los derechos de autor a la era de internet.

Ha salido adelante con 438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones, una mayoría muy holgada para un debate hasta ahora demasiado enconado. Los dos puntos más conflictivos son: el pago obligado de agregadores a editores de prensa por reproducir o extractar sus textos y el control a priori de contenidos que tendrían que realizar las grandes plataformas digitales como YouTube o Facebook.

"Es una excelente señal para la industria creativa en Europa", ha dicho el ponente del texto, el alemán Axel Voss (PPE). "Malas noticias (...) Lo que logramos parar hace unos meses ha pasado hoy", ha lamentado el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun. "Es una señal fuerte y positiva y un paso esencial para conseguir el objetivo común de modernizar las normas de copyright en la UE", han destacado en un comunicado conjunto el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, y la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel.

En todo caso, no todo está hablado: ahora comenzará el llamado "trílogo", es decir, la negociación a tres con el Consejo de la UE y la Comisión Europea. Esto finalizará con otra votación final en el Parlamento Europeo, que previsiblemente tendría lugar en 2019. Y después serán los países los que tengan que trasladar la directiva a sus normativas internas, con cierto margen de maniobra.

Las nuevas reglas para "modernizar" y unificar la situación del copyright y los derechos de autor en Europa -casi dos décadas tienen las actuales, lo que las hace inútiles en muchos casos- comenzaron a fraguarse hace un par de años. Pero ha costado avanzar.

No solo por la división de pareceres en la capa política, sino por la que existe en el resto de afectados: tecnológicas, editores de medios, creadores, grupos de defensa de derechos en internet, consumidores, académicos, etc. La discusión, en todo caso, es una vieja conocida: compensación a autores y más control frente a libertad de expresión y democratización.

De nuevo, encima de la mesa, temas tan delicados como la llamada tasa Google, que provocó la espantada de Google News en España, o la responsabilidad de empresas como Youtube o Facebook sobre los contenidos que alojan. De nuevo, lobbies —plataformas digitales, creadores— y protestas online, como la que instaba a enviar miles de correos a los eurodiputados o el fundido a negro de la Wikipedia durante días.

La Comisión Europea lanzó su propuesta para reformar la directiva en 2016. El Consejo Europeo (los Gobiernos) dio su opinión y el comité jurídico del Parlamento dictó un informe con cambios para empezar a negociar, siguiendo el trámite legislativo habitual. Pero el pleno frenó sus pretensiones por solo 40 votos de diferencia (318 frente a 278, más 31 abstenciones) por eso ha habido un debate a fondo ahora, uno de los últimos grandes debates de la Cámara antes de las elecciones europeas de 2019.

En el debate se han escuchado alegatos a favor del periodismo y la justicia con los creadores, pero también acusaciones de monopolio contra las multinacionales y de censura. Los grupos presentaron más de 200 enmiendas al texto con el objetivo de no dejarlo morir, y el ponente del informe, el alemán Axel Voss, no ha dejado de repetir que no se quiere acabar con internet.

Los artículos más polémicos, por orden de importancia, son el 13 y el 11. El primero obliga a grandes plataformas como YouTube —que usa ya una herramienta similar, pero no igual, ya que se aplica a posteriori—, Facebook o Daily Motion a monitorizar, controlar y filtrar a priori los contenidos subidos por sus usuarios para salvaguardar los derechos de autor en el caso de una posible vulneración. La UE quiere que se responsabilicen. Y esto plantea varios problemas.

Estos gigantes tendrían que cerrar acuerdos con los creadores o titulares de derechos, es decir, hacerse con licencias de copyright. Con esa base, tendrán que tomar medidas "adecuadas y proporcionadas" para evitar vulneraciones de derechos. En caso de no cerrar esos acuerdos, tendrán que evitar igualmente esas posibles violaciones. ¿Cómo? El Parlamento no lo exige así —la Comisión sí lo hacía—, pero en la práctica se haría con algoritmos y carísimos sistemas automáticos de rastreo, ya que de otra forma no sería posible.

Esto, según algunos críticos, agrandará el monopolio y la influencia de estas tecnológicas, a pesar de que la Cámara ha excluido a las empresas pequeñas. Una criba a priori de contenidos de estas dimensiones, han expresado insistentemente los contrarios a la directiva, podría fulminar a los covers, los memes, los mashups y otras obras derivadas, así como chocar frontalmente con la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios. El Parlamento Europeo lo niega.

Con este control, la UE quiere terminar con el llamado "value gap" que impide, en sus opinión, la distribución justa de la compensación a autores.

El artículo 11, por su parte, se ocupa del canon que la UE quiere que los editores de prensa —y los periodistas— reciban de los agregadores (incluidas redes sociales) por el 'uso digital' de sus contenidos, una medida que, según los más críticos, no es válida por su fracaso en países como España. La Comisión Europea propuso que este nuevo derecho estuviera garantizado durante 20 años, y el Parlamento se ha sumado.

Los textos científicos y académicos quedarían fuera; el Parlamento propone que también lo estén Wikipedia y GitHub. Y los hiperenlaces acompañados de "palabras sueltas" —aunque dirijan a contenido sujeto a derechos—. No estaba claro en la propuesta de la Comisión que pasaría con los blogs o el uso de fragmentos, mientras que el Consejo sí dijo que el uso de partes no sustanciales de un artículo no debería prohibirse. El Parlamento ha sido más duro con esto.

La división con la directiva ha estado mucho más viva dentro de los grupos políticos que a nivel de países. Populares y socialdemócratas europeos votaron mayoritariamente a favor de este enfoque proteccionista con los derechos de autor que rechazaron, sin embargo, gran parte de los liberales europeos, ecologistas e Izquierda Unitaria. El PSOE y el PP españoles han votado a favor de la propuesta

El ministro español de Cultura, que lleva manifestado durante semanas su apoyo a la directiva, ha firmado en las últimas horas una declaración junto a los de Alemania, Francia y Grecia, entre otros, en la que se instaba a defender los derechos de autor. Entidades como la SGAE, por ejemplo, también se han posicionado a favor.

En contra lo han hecho otras como AMETIC, Adigital, iCmedia, ASGECO Confederación, la Asociación Española de Startups y la Asociación de Internautas. "No tiene sentido. Es como si se pretendiera hacer responsable a los fabricantes de vehículos de la conducción temeraria de sus clientes", ha asegurado a la Agencia Efe tras la votación Simona Levi, portavoz de Xnet, plataforma para la defensa de los derechos digitales .

Los "lobbies" o grupos de presión defensores de esta reforma, nutridos por artistas y medios, intentarán cobrar por los enlaces de los usuarios de las plataformas, que afectan no sólo a contenidos escritos, sino también a "memes" y otras imágenes, advierte, por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo.