El representante legal del PDeCAT ha marcado diferencias con CDC ante el juez del caso 3%, quien cree que su partido es un "mero continuador" de la trama de financiación irregular de Convergencia, y ha defendido que son formaciones distintas y que mientras el PDeCAT es independentista, CDC no lo es.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha tomado este miércoles declaración al responsable de finanzas del PDeCAT, Jordi Olivera, y al presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Vicenç Mauri.

Los dos han comparecido ante el juez como representantes legales de ambos partidos, que están imputados como personas jurídicas por financiarse supuestamente de forma encubierta mediante "donaciones" a fundaciones ligadas a CDC en connivencia con empresarios y cargos políticos.

Durante su comparecencia ante el juez, Olivera ha reconocido que existe un legado político heredado de CDC, pero ha dejado claro que el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) es una formación política nueva y que cuando sucedieron los hechos investigados no existía (se fundó en 2016).

Sin embargo, el juez De la Mata cree que aunque CDC decidiese cesar toda su actividad, el PDeCAT se fundó en un simple "cambio de apariencia".

Pero Olivera ha insistido en las diferencias entre ambos partidos y ha llegado a señalar que no comparten los mismos objetivos porque el PDeCAT quiere la independencia de Cataluña y CDC no, como ha explicado a la salida de las declaraciones el abogado de Convergencia, Xavier Melero.

"El hecho de que el impulso inicial se diera desde CDC no quita a su carácter de nuevo partido, además con una cuestión fundamental, que PDeCAT asume la ideología y los objetivos independentistas, cosa que no hacia CDC", ha señalado Melero.

Olivera ha explicado a preguntas de su abogado que a la hora de crearse el PDeCAT se realizó una consulta a la militancia de CDC y se planteó la posibilidad de renovar el partido o crear uno nuevo, opción que fue elegida finalmente.

También ha señalado que su partido no heredó los mismos órganos ejecutivos que tenía CDC y que la única persona que ha ocupado un cargo en la Ejecutiva de ambos ha sido Marta Pascal, que fue coordinadora general del PDeCAT hasta el pasado mes de julio, cuando renunció a encabezar la candidatura a la dirección de la formación.

Y ha añadido que ni siquiera se renovaron los contratos de alquiler de CDC y que se arrendaron nuevos locales.

Ni a Olivera ni a Mauri se les ha preguntado acerca de los hechos investigados en tanto que ellos no son los que están imputados sino que venían en representación de ambos partidos.

De la Mata investiga a CDC y a PDeCAT por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y cree que las "donaciones" irregulares ligadas a las adjudicaciones investigadas ascienden a más de un millón de euros.

El presidente y vicepresidente de la constructora madrileña Grupo Ortiz han declarado este miércoles ante el juez del caso 3 % que donaron en 2010 dinero a dos fundaciones ligadas a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) dentro de una estrategia comercial para entrar en el mercado catalán.

Juan Antonio Carpintero y Emilio Carpintero han comparecido en la Audiencia Nacional como investigados por haber hecho donaciones de un total de 220.000 euros a las fundaciones Catdem y Forum Barcelona, entidades que supuestamente sirvieron para financiar ilegalmente a CDC.

El juez sospecha que estos pagos fueron en realidad comisiones abonadas a Convergencia a cambio de la adjudicación de la ampliación del colegio público La Trama en Sabadell (Barcelona), que se produjo en las mismas fechas que los pagos.

Según fuentes presentes en su declaración, los empresarios han reconocido hoy ante el juez que hicieron esas donaciones, pero han alegado que no sabían que las fundaciones estaban vinculadas a un partido político.

Los empresarios han afirmado que pagaron ese dinero, que a su entender iba destinado a actos culturales, dentro de una estrategia comercial para darse a conocer y tener presencia en Cataluña, con el fin último de entrar en el mercado catalán.

El juez atribuye a los empresarios delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo en relación al contrato de ampliación del colegio, adjudicado a la UTE Impulsa Grupo Ortiz con Ortiz Construcciones y Proyecto.

Dicha UTE comenzó estando en el puesto vigésimo quinto de las empresas que se presentaron al concurso, pero terminó en primera posición al incrementar en diez puntos la valoración técnica, una circunstancia que podría responder, según el juez, "al objetivo de provocar una adjudicación concreta".

De la Mata identifica varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro mercantiles participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos, efectuadas poco antes a la adjudicación del concurso, siempre los mismos días.

Los ingresos realizados tienen lugar de febrero a mayo de 2010 y ascienden a 90.000 euros en el caso de Asteisa Tratamiento de Aguas, Construcciones Icma Proakis y Elecor, mientras que Impulsa Grupo Ortiz llegó a pagar 130.000 euros.

Esta última filial estuvo presidida desde 2012 a 2016 por el exconseller de Educación con Jordi Pujol Joan Maria Pujals (antes fue apoderado), a quien el juez sitúa en "reiteradas" reuniones desde 2011 a 2013 con el extesorero de CDC y también investigado en la causa Andreu Viloca.

Según el juez, fue este exconseller quien atribuyó a Juan Antonio Carpintero y a Emilio Carpintero "la toma de decisiones" sobre las citadas donaciones, y señaló que las habían tomado "de modo personal y exclusivo" y que él solo cumplió órdenes.

En la causa del 3 %, el juez investiga una trama en la que altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios, pusieron en marcha "una estructura para financiar ilegalmente el partido" mediante "donaciones" a fundaciones afines efectuadas por "múltiples mercantiles" a cambio de adjudicaciones públicas.