El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 18,4 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a Nuclenor, participada al 50 % por Iberdrola y Endesa para gestionar la central nuclear de Garoña (Burgos), por cerrar la planta a finales de 2012 sin autorización.

En una sentencia conocida este lunes, la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo ratifica la decisión impuesta por la CNMC en 2014 por una "infracción muy grave" prevista en la Ley del Sector Eléctrico, y sostiene que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción teniendo en cuenta, entre otros aspectos, cómo afectó el cierre al mercado.

En diciembre de 2012, Nuclenor acordó el cese de explotación de la central burgalesa casi seis meses antes de la fecha inicialmente fijada por orden ministerial, en respuesta a las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares aprobados por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica.

Una reacción contra la que tomó medidas la CNMC, que en julio de 2013, fecha en la que expiraba la autorización, inició un expediente regulador contra la sociedad por cerrar la central "sin que concurrieran razones técnicas ni de seguridad que lo justificaran".