Mes y medio después de dar por "rotas" sus relaciones con el jefe de la oposición porque le llamó "golpista", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a volver a hablar directamente con el líder del PP, Pablo Casado, para buscar su apoyo a la reforma de la Constitución para limitar los aforamientos políticos. En persona o por teléfono, su intención es conversar con Casado para sacarla adelante.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el proyecto de reforma constitucional para reducir los aforamientos políticos, de manera que la imposibilidad de que los tribunales ordinarios procesen a los miembros del Gobierno, los diputados y los senadores se limite sólo a la duración de su mandato, durante el cual sus casos sólo podrán ir al Tribunal Supremo.

Para sacar adelante esta reforma de la Constitución, el Gobierno necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado, algo que sin el PP es muy difícil en la Cámara Baja y directamente imposible en la Alta.

La semana pasada, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, anunció que, tras aprobarse la propuesta de reforma constitucional, Sánchez iniciaría una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios, que el presidente del Gobierno ascendió a la categoría de "líderes" en conversación informal con periodistas durante la celebración en el Congreso del 40 aniversario de la Constitución.

Hablará, en persona o por teléfono, con el resto de líderes, dijo, abriendo así la puerta a una conversación directa con Casado, con quien el Gobierno dio por "rotas" las relaciones el pasado 24 de octubre, después de que en la sesión de control del Congreso el líder popular le hiciera "partícipe y responsable del golpe de Estado" que se había dado en Cataluña.

Aunque Casado nunca llegó a llamárselo directamente, el presidente del Gobierno reaccionó a lo que consideró una acusación de ser un "golpista" con la decisión de no querer tener "nada más de que hablar" con el presidente del PP. "Mantiene sí o no esas palabras? Si las mantiene, usted y yo no tememos más de qué hablar", le dijo durante el debate. Horas después, una nota de La Moncloa confirmaba que las relaciones estaban "rotas".

En su momento, el PP se tomó la reacción del presidente como una exageración, habida cuenta, además, de que Sánchez y Casado sólo han tenido una conversación cara a cara desde que prosperó la moción de censura que llevó al socialista al Gobierno. Fue en una reunión en agosto en La Moncloa después de que Casado ganara las primarias del PP y se convirtiera en su presidente.

Ahora, sin embargo, Sánchez sí que ha encontrado algo de lo que sí hablar con Casado, y está dispuesto a conversar con él, en persona o por teléfono, para buscar su apoyo.

En La Moncloa puntualizan que el presidente no va a dejar que rencillas políticas le impidan hablar de las cosas que son importantes, como esta reforma de la Constitución, e insisten en poner el balón en el tejado del PP. La conversación entre Sánchez y Casado se producirá sólo si el PP considera que su líder es el interlocutor apropiado. Dependiendo del nivel de la persona a la que designen para analizar con el Gobierno la reforma constitucional, así será el rango de su interlocutor.

El PP, por su parte, señala que de momento el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos para un contacto de estas características. Sobre el cambio de actitud de Sánchez, que ahora sí está dispuesto a hablar con Casado, recuerdan que "los que han roto relación han sido ellos, no nosotros".

Podría inferirse que Casado sí hablará con Sánchez si este así se lo propone, a pesar de que el líder del PP ha sido bastante duro esta semana en relación a una reforma constitucional que él considera que tiene más que ver con la "agenda" del presidente del Gobierno que con una necesidad real.

Así lo aseguró en unas declaraciones a la prensa a su llegada este jueves a la conmemoración en el Congreso del 40 aniversario de la Constitución de las que no puede descartarse que el PP niegue su apoyo a la reforma que busca Sánchez. "Ya aviso que el PP no va a participar en ninguna reforma más por agenda que por que sea necesaria", previno Casado.

Más de no querer saber nada de una reforma, en el PP de momento se minimiza su mera existencia para no tener que posicionarse a favor de una propuesta del Gobierno que, en principio, es poco lesiva para los políticos afectados. Al limitar el aforamiento sólo "en el ejercicio de las funciones propias del cargo" quedan excluidos delitos relacionados con la corrupción, que como la malversación o la falsedad documental se entienden vinculadas al ejercicio del cargo.

Antes de que Sánchez inicie su ronda de contactos y de que previsiblemente quiera hablar con Casado, fuentes del PP señalaban esta semana que de momento no conocen exactamente la propuesta para limitar los aforamientos. Incluso ponían en duda que la fuera a llevar al Congreso, dando a entender que se trata de una cortina de humo con la que Sánchez trató de pasar página por los audios entre su ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el comisario Villarejo cuando la anunció y sobre Andalucía cuando la aprobó, dos días antes del 2D.

A la espera de si Sánchez y Casado finamente hablan sobre esta cuestión, lo cierto es que la relación entre el PSOE y el PP no se ha detenido por el mero hecho de que sus líderes no hablen entre sí. Así, la dureza con la que Sánchez y Casado se tratan semana tras semana en las sesiones de control al Gobierno contrasta con el acuerdo que, en secreto, fueron tejiendo durante meses sus enviados para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este pacto mostró, por una parte, que los dos grandes partidos pueden llegar a acuerdos si se lo proponen pero también, con su ruptura, que este equilibrio está sometido igualmente a vaivenes políticos.

En el capítulo de la colaboración, dos ministros de Justicia, la actual y su antecesor, el popular Rafael Catalá, acordaron discretamente quién debía ser el presidente del CGPJ, Manuel Marchena, así como los vocales, afines a un partido y a otro, que debían componerlo.

En el de la disputa, el PP decidió romper el pacto en el último momento después de filtrarse un mensaje de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, tranquilizando a los suyos al asegurar que, aunque pareciera perjudicial para el PP, el acuerdo le garantizaba el control del Tribunal Supremo. Casado atribuyó su decisión de convertirlo en papel mojado acusando al PSOE de haber filtrado el nombre de Marchena y cambiando de estrategia y exigiendo una reforma legal sobre la elección de jueces.

Precisamente, este cambio de criterio coincide con el de Ciudadanos, que siempre ha pedido que los jueces se elijan entre sí, sin el concurso de los partidos políticos, y que calificó el pacto entre PP y PSOE de "mangoneo" del Poder Judicial.