Varios miles de personas se han manifestado este miércoles en la localidad pacense de Don Benito, convocados por las organizaciones agrarias para reclamar precios justos en el campo, en una protesta en la que se han vivido momentos de tensión y que han acabado con un detenido y varios heridos leves, según fuentes policiales.

Los agricultores congregados se han saltado el cordón policial, por lo que agentes antidisturbios han efectuado disparos al aire y han actuado con las porras. El objetivo de los policías era evitar el avance de los manifestantes hacia la entrada de la feria Agroexpo 2020. Además, se han producido algunas cargas policiales y forcejeos, así como lanzamientos de objetos o huevos.

Las organizaciones UPA-UCE, Asaja y COAG han convocado esta manifiestación para reclamar precios justos en el campo extremeño y ha contado con el apoyo de partidos políticos como el PP, Ciudadanos o Unidas por Extremadura, cuyos representantes también han participado en esta protesta.

La manifestación ha llegado a las puertas de la Institución Ferial de Extremadura (Feval), donde estaba prevista la visita a la feria Agroexpo por parte del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"Diálogo" como solución

Fernández-Vara ha mostrado su "absoluto respeto" por la manifestación agraria y ha ofrecido "retomar el diálogo" con el sector como "la única vía de solución de los problemas" y "la única manera de poner encontrar respuesta a las preocupaciones".

Así, ante un momento "importante para la agricultura y la ganadería" como el actual, se ha mostrado dispuesto a actuar "en todo aquello" en lo que se pueda incidir "para poder cumplir" con las "expectativas" del sector "dentro de la legalidad".

Medidas conjuntas para "disminuir la volatilidad"

Por su parte, Planas ha asegurado que comprende "perfectamente la preocupación de muchos de los agricultores y ganaderos" ante la situación que atraviesan y los bajos precios de las producciones, aunque ha apuntado que "ni la administración autonómica ni la nacional puede fijar ningún precio".

Sin embargo, sí ha considerado que las administraciones "pueden hacer conjuntamente una serie de medidas que permitan disminuir esa volatilidad", para lo cual, ha señalado, están "trabajando con el sector".