El Gobierno se ha comprometido, con la "máxima brevedad" y con carácter "coyuntural", a rebajar el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario de 35 a 20. Así se lo han asegurado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los representantes del campo extremeño y andaluz de los sindicatos UGT y CC OO, con quienes han celebrado este viernes una reunión en el Ministerio de Trabajo y de la que han sido desconvocadas a última hora las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA).

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Según fuentes del Gobierno, con esta medida se cumple "una reivindicación histórica del colectivo de jornaleros". Una medida, continúan, que "busca responder a la grave situación meteorológica que en los últimos meses ha hecho escasear el trabajo y ha dificultado el acceso a las peonadas" a los agricultores. 

"Se trata de una corrección puntual que ya se ha utilizado en situaciones anteriores también por concurrencia de factores meteorológicos", apuntan las mismas fuentes.

El trabajo eventual en el campo de Extremadura y Andalucía implica a un gran volumen de jornaleros (el 67% de todos los temporeros agrícolas de España según los datos oficiales) y supone un tipo de actividad con intermitencias que se compensa con una protección por desempleo específica. Esta protección es el conocido como desempleo agrario o renta agraria. Conforme a este sistema, llamado de 'peonadas', los trabajadores deben trabajar un número mínimo de jornadas (actualmente, 35) para acceder a una prestación por desempleo agrario.

"Es necesario, a medio plazo, reformar el sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios", añaden desde el Gobierno.

Ausencia de las organizaciones agrarias

La reunión mantenida con los sindicatos se ha visto salpicada por la polémica, debido a la ausencia de las organizaciones agrarias, que han asegurado que fueron desconvocadas este jueves por la noche, unas horas antes de dar inicio el encuentro. 

No obstante, fuentes del ministerio liderado por Yolanda Díaz han incidido en que el encuentro con estas entidades apenas se ha pospuesto. 

CC OO: "Una oportunidad"

La representante de CC OO Extremadura presente en el encuentro con el Gobierno, Encarna Chacón, ha considerado que esta decisión de rebajar las peonadas de forma puntual "sería una fórmula para evitar la economía sumergiada".

Al término de la reunión, Chacón ha manifestado a los medios de comunicación que este momento "es una oportunidad para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del campo, que son quienes mantienen viva la España vaciada", al tiempo que ha recordado que la prioridad es que "haya trabajo".

Otras rebajas de las peonadas

Actualmente, para cobrar durante seis meses el subsidio de algo más de 400 euros, hace falta un mínimo de 35 peonadas trabajadas al año. 

A finales de 2018, el Gobierno de Sánchez las bajó a 20 días en la campaña anterior por una sequía en Andalucía. Un año antes, Fátima Báñez (PP) las había bajado a 30 por otra mala cosecha. En octubre de 2019, en la campaña electoral, Sánchez anunció en Jaén una rebaja de las peonadas. Lo hizo como una respuesta a los aranceles de Donald Trump.

Condiciones de los jornaleros

En la citada reunión también se han abordado las condiciones de trabajo y vivienda —"peor que las de un campo de refugiados"— en las que se encuentran trabajadores eventuales en el campo de Huelva, y que fueron denunciadas en un informe elaborado por el relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. 

En este sentido, fuentes de Trabajo han asegurado que el Gobierno acometerá las "modificaciones necesarias" para que la Inspección de Trabajo pueda personarse e intervenir en estos asentamientos, algo que bajo la legislación actual no es posible que el empresario agrícola lo permita expresamente.

"El Gobierno de España no va a permanecer impasible ante este informe, que supone una vergüenza para nuestro país. La legislación actual no permite a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobar las condiciones de dichas infraviviendas, salvo que el empresario agrícola lo permita expresamente. Esto está generando situaciones de chabolismo y semiesclavitud intolerables en la cuarta economía de la zona euro", han expresado desde el Gobierno.