La Marea Blanca de Catalunya se opone al decreto-ley impulsado por el Govern de la Generalitat en el que se establece un pago de 43.400 euros a centros hospitalarios concertados por cada alta por COVID-19 con estancia en la UCI. 

En el decreto, se establece también un pago, si el paciente no ha pasado por cuidados intensivos, de 2.500 euros por estancias de un máximo de 72 horas y de 5.000 euros para estancias más largas.

"Mientras la gente muere, el Govern negocia tarifas con la patronal sanitaria como si se tratara de un contrato mercantil cualquiera", critica la plataforma en un comunicado.

La Marea Blanca señala, además, que el decreto-ley es una herramienta legislativa para situaciones de urgencia y alarma, pero que en este caso, en lugar de utilizarse para proteger a las personas enfermas o a los trabajadores, se ha utilizado para atender "la urgencia de un lobby empresarial que, parasitando el sistema público, pretende asegurarse sus intereses y beneficios económicos".

También contra los presupuestos de la Generalitat

En el mismo comunicado, la plataforma muestra su disconformidad con los presupuestos de la Generalitat que se presentarán en el Parlament el próximo 24 de abril.

"El presupuesto que se pretende aprobar no llega ni a los importes presupuestados en 2010", aseguran en el comunicado. 

"Es sorprendente que a día de hoy se mantengan unos presupuestos concebidos con anterioridad a la pandemia de la COVID-19, que ha puesto en tensión al máximo el sistema sanitario público y el de protección social, ya previamente destrozados", remarcan.