Pese a la situación de estado de alarma, el proyecto de ley para una nueva reforma educativa ha retomado su camino en el Congreso y lo ha hecho entre reproches al Gobierno, al que se acusa de estar aprovechando la crisis sanitaria para sacar adelante una norma sobre la que no existe consenso. Uno de los puntos más polémicos es el que hace referencia a los centros especiales y el debate ha resurgido con la reactivación de la tramitación parlamentaria.

"En diez años quieren traspasar a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios. Esta decisión no ha sido consultada ni con los padres, ni con los profesionales de los colegios", denuncia la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes. Este colectivo ya convocó una manifestación en febrero del año pasado en Valladolid para exigir la eliminación de la disposición cuarta de la conocida como Ley Celaá.

Dicha disposición recoge que en el plazo de una década "el Gobierno, con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad". Posteriormente añade que esas Administraciones "continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

El texto no habla del cierre de colegios pero la plataforma interpreta que limitar esos centros "únicamente" a los alumnos que requieran una atención muy especializada supondrá en la práctica eliminar la mayoría de ellos "arbitrariamente". En esos centros hay actualmente casi 40.000 matriculados.

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"Los colegios de Educación Especial son centros específicos y especializados que dan una respuesta personalizada y que garantizan los apoyos necesarios a cada niño, cada niña y cada joven. Las personas con discapacidad presentan aptitudes y necesidades muy diferentes, por ello, la inclusión educativa pasa por contemplar cada situación y a cada alumno y alumna en particular, tal como se viene haciendo en la Educación Especial en nuestro país y en otros del ámbito europeo", argumentan, a la vez que defienden que "el derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita".

"Jugar con las expectativas de un colectivo tan vulnerable"

El ministerio, al que le han llegado las mismas críticas desde PP y Vox, ha salido al paso de estas acusaciones desmintiendo "rotundamente" que los centros especiales vayan a desaparecer y reiterando "su apoyo al alumnado con necesidades especiales, sea cual sea el tipo de centro en el que sean escolarizados". Desde la cartera que dirige Isabel Celaá aseguran que mantienen la postura que ya transmitieron por carta hace un año a varias organizaciones representativas de personas con discapacidad.

Haciendo referencia a la controvertida disposición, Educación asegura que sí "trabajará para que los alumnos con necesidades especiales que se escolarizan en centros ordinarios puedan tener la mejor atención porque lo contrario supondría una grave discriminación, tanto para ellos como para sus familias, al negarles los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad". 

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"El Ministerio de Educación y Formación Profesional lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable", concluyen.

El proyecto de la LOMLOE fue aprobado en Consejo de Ministros el 3 de marzo, la semana anterior al decreto de estado de alarma. A su llegada al Congreso, el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad finalizó el 24 de abril y fueron registradas por PP, Vox y Ciudadanos. Este miércoles acababa el periodo para las enmiendas al articulado pero la Cámara baja lo ha ampliado hasta el 6 de mayo después de que patronales, sindicatos y familias de la escuela concertada denunciarán los que, a su juicio, era un intento del Ejecutivo de "acelerar" la tramitación aprovechando la pandemia.

Educación Inclusiva Sí, Especial También denuncia que PSOE y Unidas Podemos se valen de un momento en el que los ciudadanos no pueden manifestarse ni salir a la calle para  "amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual, familias y docentes" y "evitar" que puedan "hacer ruido". Por ello llama a la movilización social a través de las redes y los medios de comunicación. 

Informe de la ONU en 2018

La controversia sobre la Educación Especial en España llegó hace dos años hasta Naciones Unidas. Su Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un informe aquel mes de mayo en el que sentenciaba que "la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves de su derecho a la educación".

"El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes", señaló la presidenta del organismo, Theresia Degener, que instaba a acabar con esa dualidad. 

Desde el Comité Español de Representante de Personas con Discapacidad (Cermi) comparten esa postura, mientras Educación Inclusiva Sí, Especial También considera que el documento ofrece una visión "totalmente sesgada" del sistema educativo español y asegura que ninguno de los autores visitó un centro de Educación Especial. Las posturas siguen enfrentadas.