Sevilla

USO se reúne con el edil de Seguridad de Marchena y condena de nuevo las "descalificaciones" a los vigilantes

Después de que el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), gobernado por María del Mar Romero (PSOE), incorporase agentes de seguridad privada para apoyar a la Policía Local y no dejar "desprotegidos" los turnos policiales, pues 23 de los 31 agentes en activo del cuerpo están de baja por incapacidad temporal, en el marco del conflicto entre estos funcionarios y el Gobierno local, el sindicato USO ha celebrado una reunión con el edil marchenero de Seguridad Ciudadana, Manuel Suárez, condenando de nuevo las "descalificaciones" a los vigilantes y reclamando que la seguridad no sea "politizada".

Reunión entre los responsables de USO y el edil de Seguridad de Marchena
USO

USO exponía ya en un comunicado inicial que una vez que los vigilantes de la empresa IRIS, contratada por el Ayuntamiento de Marchena, comenzaron a hacer rondas junto a la Policía Local en los vehículos de este cuerpo para suplir las numerosas bajas, estos trabajadores habían sido objeto de "descalificaciones" y acusaciones "injustas de intrusismo profesional, lo que ha llevado a un desprecio a los profesionales que llevan años demostrando constantemente su valor y profesionalidad".

Ante ello, el sindicado indicaba que la licitación de un servicio de seguridad en una administración pública de carácter local para la prestación de servicios de seguridad privada, en base a la custodia de edificios y hasta de rondas, "es del todo legal".

"La Ley de Seguridad Privada 5/2014, de 4 de abril, establece en su artículo 5.a) como funciones del personal de seguridad privada 'la vigilancia y protección de bienes, y establecimientos (...) tanto públicos como privados'", precisaba USO Andalucía, señalando que esta misma ley recoge "la participación (de los vigilantes) en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública complementando la acción policial".

LAS CRÍTICAS DEL SPPME Y DEL PP

Por eso, después de que el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) viese "de dudosa validez" esta contratación, avisando a los empleados de IRIS de que serán "responsables" de las "incalculables consecuencias" de esta situación, USO aseguraba que "no existe rasgo de ilegalidad ni de usurpaciones de funciones en el servicio prestado por los vigilantes de este servicio". Esta contratación, recordémoslo, ha sido también objeto de duras críticas por parte del PP.

"Es legal custodiar edificios y hacer rondas para complementar la acción policial", aseveraba USO Andalucía, recordado que la licitación de este servicio de seguridad del Ayuntamiento de Marchena fue avalada por la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Sevilla y la Subdelegación del Gobierno, "ante el déficit de seguridad que supone para la población no tener activos de la policía local en el municipio".

"DESCALIFICACIONES" A LOS EMPLEADOS

Así, el sindicato veía "desproporcionadas e injustas las calumnias y descalificaciones vertidas sobre estos grandes profesionales", descartando cualquier "intrusismo profesional o usurpación de funciones".

Ahora, los miembros de USO Manuel Novoa (secretario general de la FTSP-USO Andalucía), Rafal Porcel (secretario de Acción Sindical de la FTSP-USO Andalucía) y Antonio Guerrero (responsable de la FTSP-USO Sevilla y responsable de Comunicación de la USO Andalucía), se han reunido con el concejal de Seguridad Ciudadana de Marchena.

Tras señalar que "el personal de seguridad privada está en permanente colaboración" con las fuerzas y cuerpos públicos de seguridad y que "la contratación por parte del ente público de servicios de seguridad privada no es en absoluto ninguna novedad", el sindicato ha condenado de nuevo las "descalificaciones" a los vigilantes incorporados a Marchena y ha señalado que la seguridad "no puede ser politizada y mucho menos que tal politización deje en descubierto la seguridad de los ciudadanos".

Así, el sindicato reclama "que acabe la manipulación de los profesionales de este sector para otros réditos ajenos al profesional", reiterando que los trabajadores incorporados a Marchena realizan su trabajo "legalmente".

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